Más de $663.000 millones están respaldando plan para recuperar el río Medellín y 91 quebradas

La plenaria del Concejo de Medellín realizó un debate de control político para evaluar la implementación del Acuerdo 050 de 2025, una política pública orientada a fortalecer la gestión del riesgo, recuperar los ecosistemas asociados al río Medellín y sus quebradas, y mejorar la capacidad de adaptación de la ciudad frente a los efectos del cambio climático y el crecimiento urbano.

Durante la sesión, concejales y representantes de diferentes entidades analizaron el estado de las intervenciones previstas, el comportamiento de las cuencas hidrográficas y las acciones necesarias para reducir la vulnerabilidad del territorio frente a inundaciones, movimientos en masa y otros fenómenos asociados a las lluvias.

El concejal Santiago Narváez, de la primera bancada citante, señaló que el principal reto consiste en comprender cómo el crecimiento urbano ha transformado las dinámicas naturales del agua en Medellín. Explicó que la expansión de las áreas construidas y la impermeabilización del suelo han modificado el comportamiento de las cuencas, incrementando la necesidad de fortalecer la planificación y la prevención.

Durante su intervención expuso que la ocupación urbana pasó de aproximadamente 307 hectáreas hace una década a más de 1.358 hectáreas en la actualidad, lo que representa un crecimiento superior al 555 %. Añadió que la ciudad ha registrado más de 2.600 emergencias relacionadas con fenómenos asociados a las lluvias, entre ellas inundaciones, caída de árboles y afectaciones en distintos sectores urbanos.

Narváez destacó que el Acuerdo 050 contempla inversiones superiores a los 663.383 millones de pesos, destinadas a intervenir el río Medellín, más de 90 quebradas, fortalecer la conservación de las cuencas e implementar sistemas permanentes de monitoreo que permitan anticipar riesgos y orientar las decisiones institucionales.

Por su parte, el concejal Luis Guillermo Vélez afirmó que la política pública fue concebida con una visión de largo plazo para garantizar la continuidad de las acciones más allá de los periodos administrativos. En su intervención planteó que la recuperación del río Medellín y de las quebradas requiere no solo obras de infraestructura, sino también una transformación en la relación de la ciudadanía con estos ecosistemas.

El corporado señaló que el agua debe ser entendida como un elemento central de la vida urbana y propuso fortalecer la apropiación ciudadana de las fuentes hídricas mediante estrategias que promuevan su valoración ambiental, recreativa y social.

Durante el debate, otros concejales coincidieron en reconocer los avances alcanzados en materia de obras hidráulicas y coordinación institucional, aunque manifestaron preocupación por la ocupación de zonas de protección de quebradas y el aumento de construcciones en áreas con condiciones de riesgo.

Los corporados insistieron en que las intervenciones deben demostrar una reducción efectiva del riesgo mediante indicadores verificables y señalaron la importancia de garantizar recursos permanentes y fortalecer la coordinación entre las entidades distritales y las autoridades ambientales.

En representación de la Administración Distrital, la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz Saldarriaga, explicó que la estrategia "Mi Río, Mis Quebradas" constituye uno de los principales componentes ambientales del Plan de Desarrollo. Indicó que el programa busca recuperar cauces, restaurar recorridos naturales del agua, generar nuevos espacios públicos y reducir la vulnerabilidad del territorio mediante acciones de adaptación al cambio climático.

La funcionaria informó que el programa contempla una inversión superior a los 663.000 millones de pesos, desarrollada de manera conjunta con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Entre las metas previstas se encuentran la intervención de 350 puntos críticos distribuidos en 91 quebradas, la ejecución de 21 nuevas obras hidráulicas, la creación de 40.000 metros cuadrados de espacio público y la generación de cerca de 1.700 empleos antes de 2027.

Ruiz también destacó el programa Guardaquebradas, integrado por habitantes de los sectores intervenidos, quienes participan en actividades de conservación, monitoreo y apropiación comunitaria de las fuentes hídricas.

La directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Paula Andrea Palacio Salazar, informó que la entidad aporta cerca de 297.000 millones de pesos a la estrategia y señaló que la inversión proyectada para este cuatrienio supera la ejecutada durante los últimos doce años. Explicó que actualmente se desarrollan obras en 17 puntos críticos del río Medellín, con un avance cercano al 45 %, complementadas con programas de resiliencia comunitaria y prevención.

Desde el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), Juan David Moreno indicó que la priorización de las intervenciones responde al análisis permanente de información técnica, inspecciones en campo y sistemas de alerta temprana. Precisó que la extensión de la red hídrica hace inviable intervenir simultáneamente todas las quebradas mediante infraestructura, por lo que los mecanismos de monitoreo continúan siendo fundamentales para proteger a la población.

En materia de infraestructura estratégica, la gerente encargada del Metro de Medellín, María Clara Córdoba Uribe, explicó que las acciones se concentran en los sectores del río cuya estabilidad incide sobre la operación del sistema férreo. Entre las labores desarrolladas mencionó monitoreo especializado, obras de estabilización, construcción de muros, enrocados y mantenimiento permanente.

Finalmente, María del Pilar Montoya Mesa, en representación de EPM, destacó que actualmente más del 92 % de las aguas residuales del Valle de Aburrá reciben tratamiento, resultado que contribuye a la recuperación ambiental del río Medellín. No obstante, señaló que persisten desafíos relacionados con el crecimiento urbano, las conexiones erradas al sistema de alcantarillado, los vertimientos informales y la ocupación de los cauces, aspectos que requieren una gestión articulada entre las instituciones, la comunidad, la academia y el sector productivo para fortalecer la protección integral de las cuencas y reducir los riesgos asociados al desarrollo urbano.