El círculo de Quintero en la mira de la justicia por el caso «Aguas Vivas»

Hoy martes 25 de marzo, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, enfrentará la justicia por su presunta implicación en el escándalo del lote Aguas Vivas. Lo que en su momento se presentó como una operación de interés público hoy se perfila como un complejo entramado de maniobras políticas y jurídicas que pusieron en riesgo cerca de $48.000 millones de pesos del erario.

Más allá del protagonismo de Quintero, el caso involucra a una red de exfuncionarios y aliados políticos que habrían tejido una estrategia para favorecer intereses privados. Entre ellos destaca Felipe Agudelo Mesa, empresario con estrechos lazos con el exgobernador Luis Pérez y con acceso privilegiado a contratos millonarios durante las administraciones de Pérez y Quintero. Agudelo es socio de Pérez en diversos negocios y proyectos políticos, y ha estado vinculado a empresas como IDC Inversiones y Técnicas Constructivas (TC), que jugaron un papel clave en la adquisición y posterior manejo del predio.

Otro actor clave es Carlos Mario Montoya Serna, quien ocupó la Secretaría de Gestión y Control Territorial en la Alcaldía de Quintero, pero también fue Secretario de Salud durante la Gobernación de Luis Pérez; su papel en el proceso ha sido señalado por su intervención en la redefinición del uso del lote, una maniobra que permitió aumentar exponencialmente su valor. Montoya fue el responsable de proponer el reconocimiento de $40.500 millones de pesos a los propietarios, un acuerdo que fue detenido en última instancia por el procurador judicial Juan Nicolás Valencia, quien advirtió sobre el grave perjuicio para el patrimonio público.

A esta trama se suma Alethia Carolina Arango Gil, una abogada sin mayor experiencia que, pese a ello, ocupó primero la dirección del Dagrd y luego la subsecretaría de Defensa y Protección de lo Público. Desde esta última posición, Arango firmó recursos clave para mantener el negocio en pie, a pesar de los cuestionamientos técnicos y jurídicos. Su cercanía con el senador Alex Flórez ha sido otro punto de controversia dentro del caso. Al respecto hay que recordar que Flórez fue concejal de Medellín durante la Alcaldía de Quintero y llegó a la Corporación por el movimiento del exmandatario.

También está Fabio Andrés García Trujillo, exsecretario general de Quintero, quien en octubre de 2022 habría firmado la resolución que revirtió la cesión gratuita del lote al municipio, devolviendo su control a los empresarios vinculados al negocio. Esta decisión ha sido considerada como el punto de quiebre que terminó de consolidar el presunto detrimento patrimonial. Su firma habría permitido que los antiguos propietarios recuperaran el predio a pesar de que este había sido declarado como un bien esencial para el proyecto del Valle del Software.

El posible entramado ilícito se habría originado desde diciembre de 2014, cuando el predio Aguas Vivas fue adquirido por IDC Inversiones, Técnicas Constructivas y un particular llamado Juan Manuel Villegas, por un valor de $1.645 millones de pesos. Poco después, los hermanos de Luis Pérez, junto con el exgobernador, adquirieron una participación del 15% en el terreno por $361 millones de pesos. Para 2016, Pérez y su familia devolvieron su participación a las empresas propietarias, que a su vez les cedieron derechos sobre una finca adyacente llamada Las Brisas.

Sin embargo, para diciembre de 2014, el POT de Medellín modificó el uso del suelo en la zona, clasificando el terreno como parte de un ecoparque y restringiendo su desarrollo debido a riesgos geológicos. Ante estas limitaciones, los propietarios del lote ofrecieron cederlo gratuitamente al municipio, con la intención de que fuera utilizado como compensación urbanística en futuros proyectos de construcción.

En mayo de 2020, el lote fue registrado oficialmente a nombre del municipio de Medellín. Sin embargo, meses después, la administración de Quintero comenzó a considerar la posibilidad de pagar a los propietarios por el terreno, argumentando que sería utilizado para el proyecto del Valle del Software, una de las iniciativas emblemáticas de su gobierno. Esta decisión generó divisiones dentro de la Alcaldía, con funcionarios que denunciaron irregularidades en el proceso y que posteriormente fueron apartados de sus cargos.

En 2021, los propietarios del lote presentaron una solicitud de conciliación ante la Procuraduría, reclamando $54.000 millones de pesos como compensación por el supuesto «empobrecimiento» que les habría causado el municipio. Aunque el secretario Montoya habría propuesto reconocerles $40.500 millones, el acuerdo fue frenado por el procurador judicial Juan Nicolás Valencia, que advirtió que la transacción podría causar un grave daño al patrimonio público. Finalmente, el Tribunal Administrativo de Antioquia rechazó la conciliación, decisión que fue ratificada en 2022 por el Consejo de Estado.

El golpe final llegó en mayo de 2023, cuando Quintero firmó el decreto 412, que modificaba el uso del suelo en el Ecoparque Las Palmas y abría la posibilidad de construcción en Aguas Vivas. Esta norma, que pasaba por alto las restricciones del Concejo de Medellín, permitía el desarrollo de proyectos comerciales en la zona sin los controles urbanísticos tradicionales. Fue revocada por la administración de Federico Gutiérrez tras una auditoría que reveló más de 500 irregularidades en la gestión de Quintero.

La auditoría forense realizada por la administración de Gutiérrez identificó esta irregularidad como uno de los 501 hallazgos sobre la gestión de Quintero. Gutiérrez denunció el caso ante la Fiscalía y derogó los artículos del decreto 412 que beneficiaban a los propietarios del lote. Ahora, con la audiencia de imputación en marcha, el proceso judicial buscará determinar hasta qué punto Quintero y su círculo cercano incurrieron en delitos como peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción.

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