Concejal Alejandro De Bedout pidió a la Contraloría investigar posible detrimento patrimonial por retiro extemporáneo de Quintero de la consulta del Pacto Histórico

El concejal de Medellín, Alejandro De Bedout, radicó una solicitud formal ante la Contraloría General de la República para que investigue un posible detrimento patrimonial derivado del retiro tardío de Daniel Quintero Calle de la consulta presidencial del Pacto Histórico, anunciado el pasado 15 de octubre de 2025, apenas 11 días antes de la jornada de votación.

Según De Bedout, la conducta del exalcalde de Medellín podría haber comprometido recursos públicos por más de $123.406 millones, utilizados para la logística, impresión de tarjetones, software electoral y la operación de la consulta convocada por los partidos que integran la coalición.

“El retiro fue jurídicamente improcedente y extemporáneo, pues según la Resolución 7958 de 2025 de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Resolución 00701 de 2025 del Consejo Nacional Electoral, el plazo para retirarse o modificar precandidaturas venció entre el 26 de septiembre y el 3 de octubre de 2025”, explicó el concejal.

De acuerdo con el pronunciamiento, el retiro de Quintero el 15 de octubre “carece de efectos legales y habría generado una ineficacia sobreviniente del gasto público, al no poderse modificar ni suspender los contratos ya ejecutados por la organización electoral”. En ese sentido, la decisión del exprecandidato, fuera de los plazos y normas electorales vigentes, “podría traducirse en la pérdida material de recursos públicos invertidos en un proceso que no cumplió su objeto”.

El concejal también solicitó que la Contraloría investigue la posible responsabilidad solidaria de los partidos del Pacto Histórico —Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica y Partido Comunes—, al considerar que su personería jurídica estaba condicionada al momento del proceso. Citó que, según un comunicado del Consejo Nacional Electoral del 17 de septiembre de 2025, las actuaciones conjuntas de estas colectividades dieron origen al mecanismo que podría haber causado el presunto detrimento patrimonial.

Para De Bedout, el manejo de los recursos públicos en procesos de participación democrática debe estar regido por principios de legalidad y responsabilidad. “El uso de los recursos públicos exige seriedad, legalidad y responsabilidad. Jugar con el erario en un mecanismo de participación democrática constituye una afrenta al Estado Social de Derecho y a la confianza ciudadana”, afirmó.

Finalmente, el concejal pidió que tanto la Contraloría General de la República como la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral actúen de manera coordinada para esclarecer los hechos y proteger el patrimonio público, reiterando que se trata de un deber institucional frente a los recursos de todos los colombianos.