Afectados por la demolición del edificio Bernavento solicitan el pago de sus indemnizaciones
Las 48 familias afectadas por la implosión del edificio Bernavento en 2018 exigen a la Defensoría del Pueblo el desembolso de las indemnizaciones reconocidas judicialmente tras años de procesos legales.
Las familias que perdieron su patrimonio tras la implosión del edificio Bernavento en Medellín enfrentan un nuevo capítulo en su búsqueda de justicia. A pesar de contar con decisiones judiciales a su favor, los propietarios de los 48 apartamentos que conformaban la estructura ubicada en la Loma de los Bernal, en el occidente de la ciudad, continúan a la espera de que se materialicen los pagos correspondientes a la indemnización colectiva por los daños sufridos en sus bienes inmuebles.
Antecedentes de una tragedia estructural
El edificio Bernavento fue derribado de manera controlada el 14 de junio de 2018, luego de que se determinara que presentaba fallas estructurales críticas que ponían en riesgo la vida de sus habitantes y de la comunidad circundante. Desde aquel momento, las 48 familias afectadas iniciaron un complejo recorrido legal que ya suma más de 11 años de gestiones, con el objetivo de recuperar los ahorros de su vida y el valor de sus propiedades.
La justicia administrativa se pronunció de manera definitiva mediante una sentencia proferida el 20 de mayo de 2024 por el Juzgado Décimo Administrativo Oral de Medellín. En dicho fallo, se reconoció el derecho a una indemnización colectiva y se designó al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, adscrito a la Defensoría del Pueblo, como la entidad encargada de administrar y distribuir los recursos económicos destinados a reparar a las víctimas.
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Aunque las sentencias de última instancia ratificaron la responsabilidad de los implicados y el 20% de los recursos ya se encuentra bajo custodia de la Defensoría del Pueblo, el dinero aún no ha llegado a las cuentas de los destinatarios. Esta situación ha generado una profunda preocupación entre los afectados, quienes han cumplido con los requerimientos y solicitudes realizados a lo largo del proceso judicial.
El pasado 23 de octubre de 2026 se radicó una nueva solicitud formal ante la Defensoría del Pueblo para agilizar los trámites. Posteriormente, el 29 de octubre de 2026, se insistió en la necesidad de hacer efectivo el reconocimiento económico. Según el cronograma de las víctimas, se espera que este 17 de noviembre de 2026 la entidad brinde una respuesta que permita avanzar finalmente hacia el desembolso de los dineros.
Trámites administrativos y gestiones pendientes
El retraso en la entrega de los fondos se ha atribuido a diversas situaciones administrativas. Entre los inconvenientes reportados se encuentra la necesidad de corregir certificaciones bancarias y la actualización individual de los formatos del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). Estas gestiones adicionales han dilatado el cumplimiento de los requisitos exigidos para proceder con los pagos.
No obstante, un grupo significativo de propietarios ya cuenta con toda la documentación en regla y no presenta impedimentos técnicos para recibir la indemnización. Por esta razón, se ha solicitado formalmente a la Defensoría del Pueblo que proceda con las consignaciones de quienes ya están habilitados, evitando que los casos pendientes de otros beneficiarios paralicen el proceso general de pago.
Responsabilidad solidaria y pagos pendientes
El panorama financiero para las víctimas es aún más complejo si se considera que el 80% restante de la indemnización total todavía no ha sido consignado por los responsables. El Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó en 2024 la condena contra la Alcaldía de Medellín (hoy Distrito), tres empresas constructoras y 16 personas naturales, entre las que se incluyen curadores urbanos.
El fallo judicial determinó que el Distrito de Medellín incurrió en una omisión de controles, lo que permitió que los constructores ignoraran las normas vigentes y entregaran una edificación insegura. Debido a esta negligencia, el ente territorial fue declarado responsable de manera solidaria. A pesar de esta orden judicial, el dinero correspondiente a los perjuicios materiales, daño emergente y daños morales no ha sido depositado en su totalidad.
Las familias afectadas mantienen la expectativa de que las autoridades competentes actúen sin más dilaciones. Para los propietarios, la resolución de este caso no solo representa un alivio económico, sino el cierre de un proceso de más de una década marcado por la incertidumbre y la pérdida de sus hogares.
Preguntas y respuestas de contexto
¿Qué exigen las familias afectadas por el edificio Bernavento?
Las 48 familias que perdieron sus hogares en 2018 solicitan a la Defensoría del Pueblo el desembolso de las indemnizaciones reconocidas judicialmente tras más de 11 años de procesos legales.
¿Cuál es el estado actual de los pagos?
Aunque la justicia ordenó la reparación, solo el 20% de los recursos está en custodia de la Defensoría y el dinero no ha llegado a los afectados por retrasos en trámites administrativos y certificaciones bancarias.
¿Quiénes fueron declarados responsables de la tragedia?
El Tribunal Administrativo de Antioquia condenó al Distrito de Medellín por omisión de controles, junto a tres constructoras y 16 personas naturales, incluyendo curadores urbanos.
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