Más de seis años de cárcel para exgobernador Whitman Herney Porras
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia afirmó la condena en contra del exgobernador del departamento de Casanare, Whitman Herney Porras, dejándola en seis años y cinco meses, acusado de firmar contratos que carecían de transparencia en el proceso de adjudicación.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia afirmó la condena en contra del exgobernador del departamento de Casanare, Whitman Herney Porras, dejándola en seis años y cinco meses, acusado de firmar contratos que carecían de transparencia en el proceso de adjudicación.
La Corte, en sede de impugnación especial, reafirmó la responsabilidad del exmandatario, quien pedía una rebaja debido a que antes del proceso en el que fue condenado no registraba antecedentes penales, así mismo, tomó en cuenta que el acusado se declaró culpable, sobre estos argumentos expuestos por su defensa el órgano consideró un descuento en la pena.
En cuanto a los cargos a los cuales se allanó Porras, se encuentra el de haber pactado con el representante legal de la Universidad de Pamplona para entregar directamente dos contratos valorados en más de $36.000 millones de pesos (que incluían dotación para bibliotecas y aulas de informática y virtuales).
Según un medio de comunicación nacional, en la decisión se leyó que para la Corte es claro que Porra actuó de manera fraudulenta y engañosa. «Es claro que el comportamiento de Whitman Herney Porras Pérez ocasionó una grave afrenta al bien jurídico tutelado, al haber pactado de manera engañosa y fraudulenta con el entonces representante legal de la Universidad de Pamplona la suscripción de los contratos cuestionados, con el único propósito de asignarlos a ese ente educativo así tuviera que trasgredir en una forma tan evidente la Ley de Contratación Estatal», puntualizaron.
Así las cosas, la condena pasó de nueve años y cinco meses a seis años y cinco meses de cárcel, generando una reducción de tres años sobre el tiempo inicial.
Finalmente, la Corte Suprema cuestionó además que quien fungió como Gobernador de Casanare entre septiembre de 2006 y diciembre de 2007 accionó con conocimiento de que la magnitud del contrato exigía un proceso de licitación pública.
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