<strong>Caracterizar y legalizar a mineros y minería</strong>

Revolución de tierras para mineros ancestrales

Por: Luis Pérez Gutiérrez

El Estado colombiano libra una guerra silenciosa de más de 100 años contra los mineros ancestrales. Esa guerra solo ha dejado violencia, dolor, pobreza, destrucción del medio ambiente y una incultura de ilegalidad que supera y suplanta al estado mismo. En la minería se tomó la decisión de reconocer como legales a los grandes inversionistas nacionales y extranjeros; y declarar ilegales a los mineros ancestrales que vienen heredando esa labor desde antes del descubrimiento de América. Así, el estado ha mantenido la minería bajo el velo de la ilegalidad.

El Estado da licencia de explotación minera a los grandes capitales en territorios donde, desde hace de 100 años, o más, han estado los mineros ancestrales sobreviviendo con su trabajo artesanal de minería. Cada vez que el Estado adjudica una licencia minera a un gran grupo económico, crea un problema social porque aplasta a los mineros ancestrales del área; y en esencia, esa licencia a grupos económicos declara a los mineros ancestrales como ilegales y hasta delincuentes. Además, los desplaza inhumanamente de las labores de supervivencia de toda una vida. Cada vez que se adjudica una licencia de Minería de Oro a un gran Inversionista, se ignora que en esa zona habitaban miles de pequeños mineros trabajando para sobrevivir en descendencias de más de 200 años. Y así, los intereses de las grandes inversionistas aplastan, indignamente a los mineros ancestrales. Se impuso el principio feudal, que donde haya grandes capitales, el estado considera ilegales a los ancestrales.

En las zonas de minería del oro en Antioquia persiste arrinconamiento a los mineros ancestrales, señalándolos como delincuentes. Por eso llevamos más de un siglo lleno de violencia e ilegalidad en esos territorios. Las zonas de minería del oro no se van a pacificar hasta tanto no se cree una política seria de atención, respeto y dignificación de los mineros ancestrales. Cultura de legalidad para los mineros ancestrales, o sino, 100 años más de pobreza y de guerra contra gente de bien.

Los mineros ancestrales necesitan una caracterización e identificación para que todo el avivato que aparezca no le quite sus derechos. La caracterización va a evitar que pícaros se hagan reconocer como ancestrales. Es más barato formalizar al minero ancestral que perseguirlo sin éxito toda la vida como a un delincuente. El 70% del oro es ilegal; ese dato muestra la política minera desastrosa del estado.

La caracterización de los mineros ancestrales en Bajo Cauca, y en todo el país, es vital para resolver esas guerras silenciosas contra personas sin oportunidades, diferentes a la minería. Formalizarlos y darles tierras es la meta principal. La reforma agraria en el siglo 21 se ve arcaica por los cambios en el mundo y por los intereses económicos y de supervivencia. Urge poner en marcha la  Revolución de Tierras para los mineros ancestrales, con el fin de que trabajen como ciudadanos dignos, como mineros propietarios; que se legalicen y se bancaricen; y que se eduquen en conservar el medio ambiente, a medida que exploten esas riquezas. La revolución de tierras para los mineros ancestrales permitiría con facilidad la formalización si la Agencia Nacional de Minería descentraliza, opera sin intrigas, sin intereses mezquinos, y entrega las áreas de reserva especial ARES a cooperativas mineras vigorosas con la interventoría de los gobiernos regionales. El Gobierno Petro no puede centralizar más el país. Ahí tiene el presidente Gustavo Petro la gran oportunidad de una verdadera revolución social de tierras y de aportar a lo que llaman hoy la paz total. Si hay mano tendida para bandas, mucho más generosa debe ser la mano para los mineros ancestrales que son colombianos de bien. Si el estado no cambia su actitud frente a los mineros ancestrales, seguirá fabricando guerras sociales para todo el siglo. Revolución de la minería mediante una reforma social de tierras.

En Colombia no hay cierre técnico de las minas y por eso la brutal destrucción del medio ambiente. Ni los grandes mineros legales ni los pequeños ancestrales declarados ilegales, hacen cierres técnicos de las minas para proteger el medio ambiente. Y el Estado, y las corporaciones ambientales, con las manos cruzadas, no crean ninguna cultura de legalidad. En las zonas de minería, la institucionalidad está en manos de un paraestado que suplanta a las Corporaciones ambientales, porque el gobierno perdió la legitimidad. La minería no ha evolucionado en Colombia. La medicina hace 50 años hacía operaciones médicas que dejaba la superficie del ser humano llena de cicatrices y destruía piel y órganos; la medicina hoy opera internamente sin dejar huella. La minería en cambio, por la codicia y el desprecio del medio ambiente, sigue dejando marcas y destrucción en la superficie terrestre y en el medio ambiente porque nunca hacen cierres técnicos de las minas.

Y dentro de la cultura de la revolución minera, es urgente un proceso inmediato de bancarización minera no solo para los grandes capitales sino también para mineros ancestrales y para comerciantes del oro como existe en los demás sectores de la economía. Cultura de legalidad total para la minería exige bancarización.

Colombia necesita a los grandes empresarios pero también requiere una reforma que ennoblezca la dura labor de los mineros ancestrales que han heredado por siglos esa labor minera de sus antepasados. De no avanzar, será eterna la guerra social silenciosa en las tierras de la minería.