Un subversivo en el poder

Por: Luis Guillermo Suárez Navarro

El orden institucional ha sido preservado desde el año 1957 cuando fue derrocado el dictador Gustavo Rojas Pinilla y desde entonces, todos los presidentes, han sido fieles a su juramento de defender la Constitución y las leyes; actualmente el orden institucional está amenazado, porque el presidente Gustavo Petro quien participó hace 34 años en la toma del Palacio de Justicia por el grupo guerrillero M-19 al que pertenecía, ha retornado a sus andanzas de guerrillero cuando además de destruir el Palacio, fueron inmolados varios de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Ahora el señor Petro invitó a los Activistas del Cambio, grupo creado en octubre del 2022, apoyado por el prófugo de la justicia española Xavier Vendrell, a realizar el paro del pasado 8 de Febrero, para que los seguidores del Pacto Histórico realizarán una protesta, con el fin de exigir el nombramiento de la nueva fiscal general de la Nación; a esa invitación se sumó FECODE el sindicato de maestros, como una oportunidad para ejercer presión, dada la denuncia sobre ese grupo por el aporte ilegal a la campaña del actual mandatario, según el acta de junta que los compromete; situación que ha puesto a sus directivos ad portas de ser juzgados por el delito de aporte ilegal de dineros a la campaña por la fragrante violación a las normas electorales.

Lo más grave de este asunto, es que Gustavo Petro, el viernes 2 de febrero, incitó a las masas del Pacto Histórico a marchar el 8 de febrero, como en efecto ocurrió y derivó en desmanes que pretendían violentar los accesos del Palacio, presentándose el secuestro de los magistrados al no poder salir del edificio, situación que el presidente ha velado acusando a los medios de comunicación de tergiversar los hechos.

Estas acciones delictivas representan un nuevo ataque al Palacio de Justicia, siendo este un acto claramente subversivo violando el orden y la institucionalidad del país y quizás el mismo presidente podría ser denunciado por promover esos hechos.

La vicefiscal Martha Mancera al asumir sus funciones incomoda a Gustavo Petro, a su familia y a FECODE, porque saben que la Fiscalía tiene pruebas que evidenciarían los delitos por violar los topes electorales y por sus relaciones con personas cuestionadas por sus acciones y según los testimonios, aportaron dineros ilegales a la campaña del hoy presidente.

Esta actitud del presidente y de la misma FECODE, genera un manto de duda del por qué están presionando el nombramiento una de las tres candidatas para reemplazar al fiscal Francisco Barbosa, ¿Será que con cualquiera de ellas el presidente podrá manipular la justicia y beneficiarse ocultando las pruebas que existen? ¿será que las ejecutorias de una de ellas están ligadas a la investigación del atentado del Club El Nogal negando la acción de las FARC en ese episodio? ¿Será que otra candidata estuvo en el equipo jurídico del controvertido ministro Iván Velásquez en su paso por Guatemala muy cuestionado en ese país? ¿o quizás será que la otra estuvo ligada a los juicios a generales del ejercito que defendieron la patria en la toma del palacio de justicia y ninguna acción se ejerció contra quienes hicieron la toma?

Todo puede pasar, pero lo más grave de estos sucesos, es la tímida reacción ante estos graves hechos por parte del Consejo Gremial Nacional, el silencio de los colegios de abogados y de grupos de profesionales y en general todos los estamentos de la sociedad civil, para protestar por las acciones del subversivo presidente frente a la nueva toma del Palacio de Justicia, que por fortuna, la presencia del SMART evitó hechos mayores que lamentar.