Un fuerte pronunciamiento de Rodrigo Londoño Echeverri, antiguo líder de las FARC y signatario del Acuerdo de Paz, dejó al descubierto datos que hasta ahora no eran del dominio público, cuestionando duramente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y su capacidad para cumplir con las tareas asignadas en el marco del Acuerdo de 2016.
En su carta, dirigida al magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, Londoño expresó su “sorpresa y desconcierto” ante declaraciones del magistrado en las que admitió que el tiempo es insuficiente para procesar todos los casos pendientes. Según Ramelli, lo que no pueda ser resuelto será enviado a la justicia ordinaria, una medida que desató la indignación de los firmantes del acuerdo, quienes ven esta decisión como una violación a lo pactado.
El documento no solo es un reclamo político, sino también una ventana a cifras que arrojan dudas sobre el avance del proceso de paz. Según Londoño, la JEP ha otorgado 827 amnistías a exguerrilleros y tiene en trámite otras 5.065 solicitudes pendientes. Estas cifras contrastan con las expectativas iniciales del proceso y con el compromiso de los firmantes de aceptar sus responsabilidades judiciales.
Londoño también reveló que 9.906 personas se acogieron al proceso de desmovilización, lo que corresponde apenas al 30% del número estimado de combatientes que las FARC tenían al momento del acuerdo. Además, denunció que la JEP ha gastado más de 2 billones de pesos desde su creación, sin que a la fecha se haya emitido una sola sentencia definitiva.
El exlíder guerrillero acusó a la JEP de dilatar los procesos y de abrir “macrocasos” que no garantizan justicia para las víctimas ni soluciones claras para cerrar jurídicamente el conflicto armado. Según Londoño, esta estrategia solo contribuye a la revictimización de las personas afectadas por el conflicto y pone en vilo el futuro del proceso de paz.
En la carta, Londoño enfatizó que muchos excombatientes no han reconocido plenamente sus crímenes, a pesar de haberse acogido al tribunal especial, lo que contradice las bases del acuerdo de paz. “Renunciamos públicamente al principio universal del derecho a la presunción de inocencia para agilizar el proceso judicial, con el objetivo de ser juzgados y sancionados lo antes posible. Sin embargo, la JEP ha decidido dilatar el proceso, burlando a las víctimas con falsas expectativas que las revictimizan”, afirmó.
Londoño cerró la carta exhortando a una reflexión profunda por parte de los magistrados y advirtiendo que cualquier incumplimiento será llevado al Consejo de Seguridad de la ONU. También sugirió que la ineficiencia de la JEP podría abrir la puerta a la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI), un escenario que implicaría un nuevo revés para la paz en Colombia.
“La paz de Colombia es sagrada. La JEP debe mostrar resultados ya”, concluyó Londoño, haciendo un llamado a la acción inmediata para evitar que el proceso de paz colapse bajo el peso de su propia burocracia y falta de resultados.
(EN VIDEO) Centro comercial Aventura fue atacado con explosivos por encapuchados – ifm noticias