En la Corte Constitucional ya reposa el concepto del presidente de la corporación, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, respecto a la demanda interpuesta contra la reforma pensional promovida por la senadora Paloma Valencia. La ponencia del fallo fue registrada el pasado 15 de mayo y marca el inicio del tramo final en el estudio de la constitucionalidad del proyecto.
La reforma, considerada una de las iniciativas clave del gobierno Petro, está programada para entrar en vigencia el próximo 1 de julio, según lo aprobado por el Congreso. Por lo tanto, se espera que el alto tribunal emita su decisión antes de esa fecha, lo que pone presión sobre los tiempos procesales.
De acuerdo con el calendario de la Corte, la discusión formal sobre la reforma podría iniciar en los últimos días de mayo o primeros de junio, cuando los magistrados entren a deliberar sobre los posibles vicios de trámite denunciados.
El eje central del análisis constitucional se concentra en lo ocurrido durante la Plenaria del Senado, donde sectores de la oposición argumentan que la iniciativa fue aprobada de manera expedita, sin permitir el debido debate legislativo. Este posible defecto de forma podría comprometer la validez de la ley.
Cabe recordar que el proyecto ya había sido aprobado por el Congreso hace varios meses, pero su revisión en la Corte se vio retrasada, en parte, por la pérdida de vigencia del concepto emitido inicialmente por la Procuraduría General de la Nación. En ese momento, bajo la dirección de Margarita Cabello, el ente de control recomendó declarar la ley como inconstitucional.
Sin embargo, tras la designación del nuevo procurador, Gregorio Eljach, la posición del Ministerio Público cambió. En su reciente intervención, Eljach expresó respaldo a la constitucionalidad de la reforma pensional, lo que representa un giro frente a la postura anterior.
En las próximas semanas, la Corte tendrá la última palabra sobre una de las reformas más ambiciosas del actual gobierno, que no solo tiene implicaciones legales, sino profundas consecuencias económicas y sociales para el país.
Otro traspié se centra en el nombramiento como magistrado de Vladímir Fernández, quien fue secretario jurídico de Gustavo Petro y que, según el testimonio de Sandra Ortiz, se habrían utilizado dineros del caso de corrupción de la UNGRD, para asegurar su asiento entre los nueve magistrados de la Corte Constitucional.
La reforma pensional fue aprobada en el Congreso mientras Iván Name, hoy detenido por presunta corrupción, ejercía como presidente de la Plenaria del Senado. Ante esta situación, la Corte Constitucional solicitó a la Corte Suprema de Justicia copia de las investigaciones relacionadas con los presuntos sobornos que habrían recibido los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes.
El objetivo del alto tribunal es evaluar si las actuaciones de los congresistas implicados pudieron haber afectado la legalidad y legitimidad del trámite legislativo de la reforma.
El fallo de la Corte Constitucional es esperado con alta expectativa, ya que se trata de uno de los proyectos más ambiciosos del llamado “gobierno del cambio”. Su implementación, prevista para el 1 de julio, depende de que la Corte avale su constitucionalidad.
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