Juzgado multó a Petro por desacato en tutela promovida por el fiscal Mario Burgos

El Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá D.C. sancionó a Petro con una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes por incumplir una orden judicial relacionada con un fallo de tutela.

La decisión se produjo tras un incidente de desacato promovido por el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño. De acuerdo con la providencia fechada el 27 de febrero de 2026, el despacho determinó que el mandatario no cumplió lo ordenado en la sentencia de tutela del 28 de agosto de 2025, la cual fue confirmada el 30 de septiembre del mismo año por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, con ponencia de la magistrada Patricia Salamanca Gallo.

El incidente de desacato fue solicitado el 5 de septiembre de 2025 por el fiscal Burgos, a través de su apoderado judicial. En el escrito se pidió declarar el incumplimiento de la orden impartida al jefe de Estado, que consistía en rectificar señalamientos realizados públicamente en contra del funcionario judicial.

El juzgado evaluó si las rectificaciones emitidas por el P residente se ajustaron a los términos establecidos en la sentencia. En su análisis, el despacho concluyó que los pronunciamientos realizados no cumplían con el alcance dispuesto en la decisión inicial, en lo relacionado con la protección del buen nombre y la honra del fiscal Burgos.

La controversia se originó por declaraciones efectuadas por el mandatario en redes sociales y en intervenciones públicas, en las que vinculó al fiscal con supuestos hechos relacionados con estructuras de narcotráfico y con el caso del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. En el expediente se menciona que dichas afirmaciones sugerían que el funcionario habría eliminado o retirado información del proceso investigativo relacionado con Sebastián Marset.

En el auto más reciente, el juzgado indicó que la orden de rectificación impartida el 6 de octubre de 2025 no fue acatada en los términos señalados, pese a que se concedió un plazo para su cumplimiento. La decisión también hace referencia a los límites establecidos por el Consejo de Estado en materia de alocuciones presidenciales.

Como consecuencia, el despacho resolvió imponer la multa y otorgó un plazo de tres días para su pago, contados a partir de la ejecutoria del fallo. El juzgado negó la solicitud de compulsa de copias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y descartó la imposición de arresto, medidas que pueden derivarse de un incidente de desacato.

La decisión se enmarca en el trámite judicial iniciado por el fiscal Burgos en defensa de su buen nombre, luego de las declaraciones emitidas por el jefe de Estado en distintos escenarios públicos.