Velasco cuestionó a la Fiscalía y negó pérdida de recursos en audiencia por caso UNGRD

En desarrollo de la audiencia dentro del proceso penal por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, las defensas de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco centraron sus intervenciones en cuestionar la validez de las entidades que buscan ser reconocidas como víctimas y en señalar la ausencia de pruebas que acrediten un perjuicio concreto.

Uno de los ejes principales de la defensa fue la oposición a que la UNGRD fuera considerada víctima dentro del proceso, el abogado sostuvo que la entidad actuó a través de sus propios órganos en cada una de las decisiones cuestionadas, incluyendo la aprobación de trámites, la suscripción de solicitudes y la activación de procesos internos bajo la dirección de sus entonces directivos. En ese sentido, argumentó que no podía alegar posteriormente un daño derivado de actuaciones que fueron consentidas institucionalmente.

La defensa añadió que los funcionarios involucrados en esas decisiones, como el exdirector Olmedo López y otros responsables, hacían parte de la estructura interna de la entidad y actualmente figuraban como coimputados o colaboradores, lo que, a su juicio, desvirtuaba la posibilidad de considerar a la UNGRD como un tercero afectado.

También se indicó que, en caso de existir un perjuicio patrimonial, este debía tramitarse a través de acciones administrativas, como la acción de repetición, y no mediante su reconocimiento como víctima en el proceso penal.

De igual forma, se cuestionó la participación de otras entidades como el Instituto Nacional de Vías. Según la defensa, no se presentaron elementos probatorios que acreditaran un daño concreto ni se identificó una afectación directa atribuible a los exministros.

Además, se argumentó que los contratos relacionados con programas como Colombia Rural se estructuraban a través de convenios interadministrativos en los que los municipios actuaban como ordenadores del gasto, lo que, según se expuso, alejaba cualquier capacidad de decisión de los entonces ministros sobre la ejecución de esos recursos.

También se señaló que Invías no había adelantado acciones contra sus propios directivos ni contra autoridades locales responsables de la ejecución de los proyectos, lo que, en criterio de la defensa, evidenciaba una falta de coherencia en su pretensión de ser reconocido como víctima dentro del proceso.

Respecto a la Contraloría General de la República, los abogados sostuvieron que su rol constitucional es el de ejercer control fiscal, no el de víctima, y que cuenta con mecanismos propios para investigar y sancionar eventuales detrimentos patrimoniales. En ese sentido, consideraron improcedente su participación bajo esa figura en el proceso penal.

Por su parte, la defensa de Velasco insistió en que la condición de víctima no puede basarse en afirmaciones generales ni en hipótesis, sino que requiere la acreditación de un daño real, concreto y demostrable. Señaló que, durante la audiencia, los representantes de las entidades no presentaron elementos sumarios que sustentaran dicha condición, limitándose a reiterar contenidos del escrito de acusación.

En su intervención final, Luis Fernando Velasco cuestionó el enfoque del proceso y puso en duda la narrativa construida alrededor del caso. Afirmó que no existían pruebas de apropiación de recursos públicos y que los contratos mencionados en la investigación, en varios casos, no llegaron a ejecutarse.

Velasco también aseguró que una parte significativa de los proyectos señalados provenían de administraciones anteriores y no correspondían a decisiones adoptadas durante su gestión ni la de Bonilla. En ese sentido, indicó que no tenían capacidad de intervención sobre contratos ya adjudicados ni sobre entidades donde no ejercían funciones como ordenadores del gasto.

Además, planteó críticas directas al enfoque de la Fiscalía General de la Nación, al considerar que su actuación había privilegiado una narrativa pública por encima de la solidez probatoria.

Señaló que las cifras expuestas en el caso podían generar percepciones equivocadas en la opinión pública, pese a que, según sostuvo, no se había demostrado la pérdida de recursos ni la comisión de conductas delictivas por parte de los exministros.

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