Urólogo fue capturado en Medellín por Abuso Sexual Sistemático

Tras un año de investigación, un juez ordenó la captura de un médico urólogo en Medellín. Las autoridades calificaron este caso como sistemático y prolongado en el tiempo. El profesional fue señalado de haber accedido sexualmente a pacientes en situación de indefensión durante consultas médicas, según los elementos probatorios recopilados por la Fiscalía y la Policía Nacional.

Detalles de la investigación y patrones de conducta

El expediente se construyó a partir de al menos 23 testimonios considerados consistentes por los investigadores. Las denuncias coincidieron en patrones de conducta que, de acuerdo con las autoridades, incluían la realización de procedimientos no justificados clínicamente y la manipulación de historias médicas para ocultar los presuntos abusos. El implicado contaba con antecedentes por delitos sexuales y había sido objeto de múltiples señalamientos públicos en años anteriores.

El historial de abusos y las fallas en la denuncia

Las autoridades indicaron que el caso evidenció fallas en los mecanismos de denuncia y seguimiento, debido a que algunas víctimas reportaron hechos ocurridos hace más de dos décadas. La investigación integró estas declaraciones históricas con nuevos testimonios, lo que permitió establecer una línea de conducta reiterada. El material probatorio fue determinante para que un juez emitiera la orden de captura.

Proceso judicial y cargos imputados

Tras su detención, el médico quedó a disposición de la justicia y deberá responder por el delito de acceso carnal con persona incapaz de resistir, en modalidad agravada. La Fiscalía avanzó en la imputación de cargos, mientras se evalúa la posibilidad de nuevas denuncias que podrían ampliar el alcance del proceso penal.

Respuesta institucional y apoyo a las víctimas

El caso activó, de manera paralela, la intervención de la Administración Distrital, que a través de la Secretaría de las Mujeres puso en marcha una ruta integral de atención para las víctimas. Este mecanismo incluyó acompañamiento psicojurídico, representación legal y coordinación interinstitucional con entidades judiciales y de salud. Según datos oficiales, la Secretaría recibió cerca de 50 reportes de presunta violencia sexual en contextos de atención médica relacionados con este caso.

Ruta integral de atención y acompañamiento

De ese total, 32 víctimas accedieron a servicios de asesoría y acompañamiento integral. Entre ellas, 20 contaron con representación jurídica y acudieron a instancias formales ante la Fiscalía, mientras que otras 12 permanecieron en etapas de ampliación de denuncia. El equipo encargado estuvo conformado por nueve abogadas especializadas en la representación de víctimas, quienes asumieron la orientación técnica durante el proceso penal.

Canales de denuncia y articulación interinstitucional

Las autoridades locales también habilitaron canales de atención específicos para facilitar la denuncia. Entre ellos, una línea telefónica directa y la articulación con sistemas existentes como la Línea 123 Mujer, que extendió su cobertura a reportes provenientes de otros municipios e incluso del exterior. Este esquema buscó reducir barreras de acceso y garantizar confidencialidad en los procesos.

Cifras generales de atención a mujeres víctimas de violencia

Las cifras oficiales indicaron que, en lo corrido de 2026, el Distrito brindó más de 3.600 atenciones a mujeres víctimas de violencia. En 2025, la Línea 123 Agencia Mujer registró 6.085 casos atendidos. Estos datos fueron presentados por la Administración como evidencia de una capacidad institucional activa para responder a denuncias de manera inmediata.

Un precedente para la investigación de delitos sexuales

El proceso judicial en curso se convirtió en un caso de referencia para las autoridades locales en materia de investigación de delitos sexuales en entornos médicos. La articulación entre entidades judiciales y administrativas permitió consolidar un expediente robusto, mientras continúan las acciones para identificar posibles nuevas víctimas y garantizar su acceso a la justicia.