Tribunal admite demanda de nulidad por nombramiento de Gustavo Bolívar en el DPS

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha admitido una demanda de nulidad contra el nombramiento de Gustavo Bolívar como director del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

La acción judicial alega que dicho decreto presentó varias irregularidades que justifican su anulación total.

La demanda argumenta que el acto administrativo carece de validez porque no se publicó previamente el nombramiento en encargo de Iván Enrique Fernández Pérez ni la finalización de dicho encargo, tras la salida de Laura Sarabia Torres. 

Según la querella, esto constituye una infracción fundamental que debería anular el nombramiento de Bolívar.

Sin embargo, aunque el tribunal asumió el caso e investigará el nombramiento, el ente decidió no conceder la medida cautelar solicitada, la cual pedía suspender provisionalmente a Bolívar de su cargo mientras se toma una decisión final.

El tribunal indicó que no se cumplen los requisitos necesarios para esta medida precautoria.

“De las pruebas allegadas por la demandante, no conducen al decreto de la medida cautelar de suspensión provisional solicitada, toda vez que hay hechos que se deben probar, así como normas de las cuales se debe analizar su aplicación y procedencia”, figura en la decisión de diez páginas.

El alto tribunal añadió que la ausencia de una relación violatoria clara y la necesidad de analizar más a fondo los hechos y las normativas hacen indispensable recolectar pruebas documentales y testimoniales antes de llegar a una conclusión.

“No se encuentra con claridad que exista una relación violatoria que implique que se cause un perjuicio irremediable,” añadió el tribunal.Entretanto, el actual director del DPS ya enfrenta otra demanda ante el Consejo de Estado contra su nombramiento, alegando que no cumple con los requisitos académicos ni de experiencia para el cargo.

El demandante sostiene que el nombramiento se efectuó sin que Bolívar reuniera los conocimientos y competencias exigidos por la Constitución, la ley, los reglamentos y el manual de funciones y competencias laborales.

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