Suspendieron audiencia contra Miguel Quintero tras exposición de Fiscalía sobre contratos del AMVA

La audiencia contra Miguel Quintero Calle y otros tres investigados por presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá fue suspendida y quedó programada para continuar el martes 15 de septiembre. La Fiscalía ya presentó los cargos y expuso ante el juez su hipótesis sobre un supuesto esquema que habría involucrado seis contratos por $17.656 millones.

La diligencia judicial que se adelanta contra Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, entró en una nueva etapa después de que la Fiscalía General de la Nación formulara los cargos que pretende sustentar dentro de una investigación relacionada con contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

Además de Miguel Quintero, fueron vinculados al proceso Álvaro Alonso Villada García, exdirector financiero del AMVA; Vanessa Álvarez Restrepo, exasesora jurídica de la entidad y exsecretaria de Medio Ambiente de Medellín; y Sebastián Ortega Urán.

Cabe recordar que la investigación se concentra en seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, cuyo valor acumulado asciende a $17.656 millones. Según la Fiscalía, los negocios fueron suscritos entre 2020 y 2023 y estarían relacionados con un presunto esquema de direccionamiento contractual.

Durante la diligencia, la Fiscalía atribuyó a los investigados diferentes conductas. En el caso de Miguel Quintero, la imputación está relacionada con presunto peculado por apropiación en calidad de determinador. A los demás vinculados se les atribuyeron, según su participación individual, delitos relacionados con interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Uno de los elementos presentados durante la audiencia estuvo relacionado con el supuesto cobro de comisiones sobre los contratos investigados.

De acuerdo con la Fiscalía, inicialmente se habría planteado una comisión del 20 %, que posteriormente habría sido reducida al 15 %. El ente acusador sostuvo que ese porcentaje habría sido extraído de los recursos recibidos por el Cuerpo de Bomberos de Itagüí mediante diferentes operaciones en efectivo.

La Fiscalía estimó que el monto presuntamente apropiado de manera irregular habría alcanzado aproximadamente $2.400 millones. Estas afirmaciones corresponden a la hipótesis presentada por el ente investigador y deberán ser sometidas a las etapas correspondientes del proceso penal.

La suspensión se produjo después de que la Fiscalía terminara de exponer los cargos y antes de que el juez impartiera la decisión correspondiente sobre la legalidad de la imputación.

El proceso llega a esta instancia después de varios intentos fallidos para realizar la audiencia. Uno de los aplazamientos anteriores estuvo relacionado con la incapacidad de la juez inicialmente asignada y con una controversia planteada por la defensa sobre la posterior reasignación de la diligencia.