SIC sancionó a Constructora Bolívar con multa de $1.306 millones por publicidad engañosa e incumplimientos en entregas

Una sanción por $1.306.426.800 fue impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la Constructora Bolívar Bogotá S.A., luego de concluir que la compañía incurrió en prácticas que vulneraron los derechos de los consumidores en el marco del proyecto de vivienda “Buenavista Living”.

La decisión fue adoptada por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, con base en los hallazgos obtenidos durante una visita de inspección realizada el 22 de octubre de 2024, así como en requerimientos posteriores y en el análisis de cerca de 30 quejas presentadas por ciudadanos en contra de la empresa.

De acuerdo con la entidad, la investigación permitió establecer que la constructora incumplió las fechas de entrega inicialmente ofrecidas a los compradores de apartamentos del proyecto, el cual corresponde a vivienda de interés social. En ese sentido, se determinó que la compañía modificó los plazos en al menos tres ocasiones, lo que impactó las expectativas de los adquirientes.

Según el documento oficial, “en la investigación comprobó que la Constructora Bolívar incumplió la fecha de entrega ofrecida a los compradores de apartamentos del proyecto de vivienda de interés social ‘Buenavista Living’”. Esta situación también tuvo efectos sobre la fecha de escrituración de los inmuebles, elemento del cual dependía el precio final de las viviendas.

Adicionalmente, la Superintendencia concluyó que la empresa incurrió en publicidad engañosa durante la promoción del proyecto. En particular, se evidenció que las piezas publicitarias contenían información que no cumplía con los criterios de claridad y suficiencia requeridos para este tipo de ofertas.

El informe señala que “las piezas publicitarias utilizadas para promocionar el proyecto contenían información insuficiente, confusa e inoportuna, con la capacidad de inducir a error a los consumidores sobre la naturaleza de los inmuebles ofrecidos”. Entre los aspectos identificados, se destacó que no se informó de manera clara que las viviendas correspondían a la categoría de interés social (VIS).

Estos elementos fueron considerados por la autoridad como determinantes para concluir la vulneración de los derechos de los consumidores, en un proceso que incluyó la revisión de documentación, la verificación de condiciones del proyecto y la evaluación de las quejas recibidas.

La Superintendencia indicó que, con esta decisión, se busca reforzar los mecanismos de protección en el sector vivienda y garantizar que los ciudadanos cuenten con información adecuada al momento de tomar decisiones de compra. En esa línea, señaló que “la SIC del Cambio reafirma su compromiso en la protección de los derechos de los consumidores en el sector vivienda, promoviendo que se tengan las herramientas mínimas para tomar decisiones informadas en el marco de las relaciones de consumo”.

El acto administrativo sancionatorio contempla la posibilidad de interponer recursos por parte de la empresa investigada. Según lo establecido, procede el recurso de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor y/o el recurso de apelación ante la Delegada para la Protección del Consumidor.

La decisión se enmarca dentro de las funciones de inspección, vigilancia y control que ejerce la Superintendencia de Industria y Comercio sobre las prácticas comerciales en el país, particularmente en sectores como el de la vivienda, donde la relación entre constructores y compradores implica compromisos contractuales y condiciones de información que deben ser verificables.

La investigación, según lo indicado por la SIC, continuará bajo los procedimientos establecidos en la normatividad vigente en caso de que se presenten recursos por parte de la constructora sancionada.