SIC prioriza investigación por presunto esquema de corrupción en contratación estatal

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) puso bajo la lupa un posible esquema de corrupción en procesos de contratación pública que, según un informe fechado el 22 de septiembre de 2026, estaría liderado por Moisés Hernández, quien también se identificaría como Moisés Garvin.

De acuerdo con el documento, el entramado investigado habría utilizado varias empresas aparentemente independientes que, en distintos procesos de selección con el Estado, habrían actuado de manera coordinada para incrementar sus posibilidades de resultar adjudicatarias.

La hipótesis de la investigación apunta a que esta participación conjunta no correspondería a una competencia efectiva entre diferentes oferentes, sino a una estrategia para “simular pluralidad de oferentes” y facilitar la adjudicación de contratos a favor de Garvin.

El valor de los contratos que estarían bajo revisión se acerca a los $2 billones. Ante la magnitud de los recursos involucrados, la SIC ordenó priorizar las investigaciones y dispuso la revisión de más de 300 contratos.

El informe señala específicamente a las empresas Red Summa, Aldesarrollo y Kluster Latam, vinculadas, según la entidad, a Garvin. El documento indica que desde 2022 estas compañías registraron un crecimiento acelerado en su participación contractual.

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores corresponde a la existencia de presuntos vínculos entre las estructuras empresariales. La SIC menciona como parte de la hipótesis investigativa los cambios reiterados de nombre o razón social, que eventualmente habrían permitido “perder el rastro de los entes de control”.

A esto se suma la identificación de movimientos de directivos entre las distintas compañías, coincidencias en juntas directivas y vínculos personales entre organizaciones que formalmente aparecerían como competidoras dentro de los procesos de contratación.

El informe también hace referencia a antecedentes disciplinarios de Moisés Hernández. Según la SIC, habría sido sancionado por la Procuraduría General de la Nación por irregularidades relacionadas con la ejecución de contratos estatales. Esa actuación habría derivado en destitución e inhabilidades para ejercer cargos públicos durante 14 años.

La Superintendencia aclaró que se trata de una investigación sobre un posible esquema y ordenó avanzar en la recopilación y revisión de la información contractual.

Finalmente, la entidad dispuso remitir copias del informe a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República, para que, dentro de sus competencias, adelanten las actuaciones que correspondan.