SIC ordenó a Tesla Colombia por retrasos en entregas y posibles inconsistencias en información a consumidores

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió una orden administrativa dirigida a Tesla Motors Colombia S.A.S. La comunicación de esta medida se realizó el 14 de mayo de 2026. El propósito de la orden es la prevención de situaciones que puedan afectar a los consumidores en el proceso de comercialización de vehículos eléctricos dentro del territorio colombiano.

Esta decisión de la SIC es el resultado de una averiguación preliminar. Dicha averiguación se enfocó en las actividades comerciales que la compañía ha desarrollado desde su establecimiento en Colombia, ocurrido en noviembre de 2025. La investigación se concentró en los procesos de oferta y venta de vehículos, los cuales se realizan mediante plataformas de comercio electrónico.

Para llevar a cabo esta investigación, la autoridad recopiló diversos documentos. Además, se efectuaron visitas al sitio web oficial de la empresa. Se realizó un análisis de un volumen de 23.700 pedidos de vehículos. Estos pedidos fueron registrados en el periodo comprendido entre noviembre de 2025 y marzo de 2026. La SIC también revisó las peticiones, quejas y reclamos presentados por los consumidores.

La Superintendencia identificó situaciones que inciden en los derechos de los consumidores. Una de las situaciones principales se relaciona con los retrasos en las entregas de los vehículos. Se constató que más de 1.800 vehículos, cuyas fechas de entrega estaban programadas entre febrero y marzo de 2026, continuaban pendientes de despacho en el mes de abril.

La entidad también identificó inconsistencias en la información proporcionada a los consumidores. Estas inconsistencias se refieren a las condiciones de las garantías, los plazos de entrega de los vehículos y la disponibilidad de infraestructura de carga en Colombia.

Las órdenes emitidas a Tesla Colombia incluyen la instrucción de ajustar la información relacionada con los tiempos de entrega de los vehículos. La compañía debe evitar comunicar fechas como definitivas cuando estas son susceptibles de cambio. Asimismo, se le exige garantizar condiciones claras y comprensibles respecto a los procesos de reserva, los pagos y las entregas de los vehículos.

La SIC también ordenó a la empresa abstenerse de divulgar información que pueda generar interpretaciones incorrectas sobre la disponibilidad de infraestructura de carga tipo “Supercharger” en el país. Adicionalmente, se le indicó fortalecer los mecanismos de atención para las peticiones, quejas y reclamos de los consumidores.

La Superintendencia solicitó una revisión de las condiciones contractuales. Esta revisión debe abordar las limitaciones aplicadas a la garantía legal de componentes específicos de los vehículos, como las llantas y los neumáticos.

La entidad reiteró su compromiso de mantener la vigilancia sobre las actividades de comercialización de vehículos en Colombia. Esto incluye el comercio electrónico. El objetivo es asegurar que los consumidores reciban información que pueda ser comprobada.

El incumplimiento de las órdenes establecidas por la SIC puede resultar en la aplicación de sanciones administrativas. Estas sanciones se encuentran contempladas en la Ley 1480 de 2011.