SIC formuló pliego de cargos contra Enel, AES y Celsia por presuntas conductas que habrían afectado la libre competencia en el mercado

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó este martes la formulación de un pliego de cargos contra Enel Colombia S.A. E.S.P., AES Colombia & Cía. S.C.A. E.S.P. y Celsia Colombia S.A. E.S.P., dentro de una investigación administrativa relacionada con presuntas conductas que habrían afectado la libre competencia económica en el Mercado de Energía Mayorista (MEM).

Según explicó la autoridad, la decisión se adoptó luego de una investigación técnica, económica y jurídica que permitió identificar elementos de juicio suficientes para inferir, de manera preliminar, posibles actuaciones orientadas a limitar el proceso competitivo de formación del precio de la energía en bolsa.

En el comunicado, la SIC señala que formuló el pliego de cargos "al encontrar elementos de juicio que permiten inferir, de manera preliminar, la posible realización de conductas tendientes a limitar la libre competencia económica en el Mercado de Energía Mayorista (MEM)". Asimismo, precisa que la actuación busca establecer si dichas conductas tuvieron la capacidad de afectar la formación del precio de la energía y el funcionamiento eficiente de uno de los mercados considerados estratégicos para el desarrollo económico y social del país.

La actuación administrativa tuvo origen en una denuncia presentada por el Ministerio de Minas y Energía el 11 de enero de 2022, relacionada con presuntos incrementos significativos en el precio de la energía eléctrica transada en la Bolsa de Energía. A partir de esa denuncia, la Superintendencia recopiló información técnica, económica y regulatoria, solicitó documentación a distintos agentes del mercado, practicó visitas administrativas y recibió declaraciones de personas con conocimiento especializado sobre el funcionamiento del sector eléctrico.

De acuerdo con la entidad, la complejidad del mercado eléctrico colombiano, el elevado número de transacciones analizadas y la amplitud del periodo objeto de estudio hicieron necesario un proceso de evaluación especializado de la evidencia.

Como resultado del análisis preliminar, la SIC indicó que "entre los años 2022 y 2025, las empresas investigadas habrían presentado de manera reiterada ofertas de precio en la Bolsa de Energía que se apartarían sustancialmente del costo de oportunidad del recurso hídrico". Además, sostuvo que esas ofertas "habrían presentado de manera reiterada ofertas de precio significativamente elevados sin que, en principio, se advierta una justificación económica, técnica u operativa suficiente que explique dicho comportamiento".

La Superintendencia también resaltó que las plantas asociadas a esas ofertas registraban "niveles de almacenamiento de agua iguales o superiores al 90% de la capacidad útil de sus embalses", situación que, según el análisis económico y la regulación vigente, haría esperar ofertas cercanas a los niveles mínimos previstos, salvo la existencia de razones técnicas, económicas u operativas que justificaran un comportamiento diferente.

No obstante, la autoridad aclaró que, hasta el momento, "no habría encontrado elementos suficientes que expliquen tales diferencias", motivo por el cual decidió avanzar con la investigación administrativa para determinar si las conductas constituyeron una infracción al régimen de protección de la libre competencia económica.

La SIC explicó que este proceso reviste especial importancia porque la Bolsa de Energía constituye el mecanismo mediante el cual se determinan los precios de las transacciones de corto plazo en el Mercado de Energía Mayorista. En consecuencia, un adecuado funcionamiento de este sistema permite que los precios reflejen las condiciones reales de oferta y demanda, favorezcan una asignación eficiente de los recursos y promuevan un mercado competitivo.

En ese sentido, el organismo advirtió que, de comprobarse las conductas investigadas, estas "habrían podido afectar la eficiencia económica del mercado y el bienestar de consumidores, empresas y demás agentes que participan en el sistema eléctrico colombiano", debido a que el precio de la bolsa sirve como referencia para parte de las compras de energía realizadas por los comercializadores y puede influir, en determinadas circunstancias, en el costo del servicio que pagan millones de usuarios.

Finalmente, la Superintendencia reiteró que continuará ejerciendo sus funciones "con independencia, rigor técnico y pleno respeto por el debido proceso", con el propósito de proteger el proceso competitivo, preservar mercados abiertos, eficientes y transparentes, y promover el bienestar de los consumidores. La entidad enfatizó que la formulación del pliego de cargos corresponde a una etapa preliminar del procedimiento administrativo y que será dentro del proceso donde se determinará si existió o no una vulneración al régimen de libre competencia económica.