SIC formuló cargos por presunto direccionamiento de contratos en Telecafé que superan los $43.200 millones

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos por un presunto direccionamiento de la contratación pública en Telecafé, tras identificar irregularidades en al menos 11 invitaciones privadas para servicios de apoyo logístico. De acuerdo con la entidad, los procesos bajo investigación comprometieron recursos superiores a los $43.200 millones, equivalentes al 34% del total destinado por el canal regional a este tipo de servicios entre 2018 y 2022.

En el documento oficial, la SIC informó que “se ha dado inicio a una investigación administrativa” con el fin de determinar si Telecafé “instrumentalizó su régimen contractual especial para direccionar de manera deliberada 11 invitaciones privadas en favor de la sociedad Du Brands”. La actuación se enmarca en las funciones de la entidad como autoridad única de protección de la libre competencia económica en el país.

El proceso se origina en una denuncia presentada por el senador Edwin Fabián Díaz Plata, que fue posteriormente complementada con el análisis de publicaciones de medios de comunicación. Según la Superintendencia, los elementos recaudados apuntan a que Du Brands habría sido beneficiaria de millonarios contratos, en buena parte gracias a su cercanía con el gobierno de turno en ese periodo.

La investigación se concentra en Telecafé al considerarse que fue “el principal cliente público de Du Brands durante el periodo investigado” y, por tanto, “presuntamente habría sido el vehículo público predominante para la canalización de estos recursos”. Este señalamiento abre interrogantes sobre el manejo de la contratación en la entidad y los mecanismos utilizados para adjudicar los contratos.

Uno de los hallazgos más relevantes expuestos por la SIC tiene que ver con lo que denomina “la paradoja normativa del control inverso”. Según el informe, el análisis de los manuales internos de contratación de Telecafé evidenció un diseño que habría facilitado el direccionamiento de procesos. En particular, se identificó que contratos derivados de convenios interadministrativos que superaban los $1.000 millones se tramitaban con controles más flexibles que los exigidos para procesos de menor cuantía, incluso por debajo de los $30 millones.

Además, la entidad advierte sobre un segundo eje crítico: “la discrecionalidad gerencial como sustituto de la selección objetiva”. En este punto, las declaraciones recogidas indicarían que las decisiones clave en la adjudicación de contratos se habrían tomado sin aplicar los controles necesarios para garantizar transparencia. En consecuencia, la selección de oferentes y del adjudicatario se habría realizado sin criterios objetivos ni comparativos, reemplazando la elección de la mejor propuesta por decisiones discrecionales que “hasta ahora no aparece justificada”.

El caso pone bajo la lupa el uso de regímenes contractuales especiales en entidades públicas y reabre el debate sobre los controles en la contratación estatal, especialmente en escenarios donde se manejan recursos significativos y se requiere garantizar la libre competencia.

Por ahora, el pliego de cargos marca el inicio formal del proceso administrativo, en el que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa y controvertir las pruebas. La decisión final de la SIC determinará si existieron prácticas contrarias a la libre competencia y si hubo responsabilidades administrativas en estos hechos.