SIC determinó infracciones al régimen de libre competencia en contratación del Hospital Militar

La decisión quedó consignada en la Resolución No. 60209 de 2026, mediante la cual la autoridad resolvió una solicitud de revocatoria directa y confirmó la imposición de sanciones tras concluir la actuación administrativa iniciada por la Delegatura para la Protección de la Competencia.

Según la Superintendencia, la investigación comenzó de oficio a partir de varias publicaciones periodísticas divulgadas entre septiembre y octubre de 2022, en las que se informaba sobre presuntas irregularidades en procesos de selección adelantados por el Hospital Militar Central para la adquisición de insumos ortopédicos.

Posteriormente, mediante la Resolución No. 32498 del 25 de junio de 2024, la Delegatura formuló pliego de cargos contra el Hospital Militar Central y Helpen S.A.S. en liquidación, así como contra varias personas naturales vinculadas con la compañía, al considerar que existían elementos para investigar posibles infracciones al régimen de libre competencia.

Durante el desarrollo del proceso administrativo, la autoridad recopiló pruebas documentales y demás elementos de juicio que, según la resolución, permitieron concluir que existían indicios suficientes para establecer que algunos procesos de contratación fueron estructurados con el propósito de favorecer a un proveedor específico.

La SIC señaló que el Hospital Militar Central y Helpen S.A.S. incurrieron en una conducta prevista en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, relacionada con acuerdos o prácticas que restringen la libre competencia.

La resolución también establece que varias personas naturales fueron consideradas responsables por haber colaborado, facilitado o ejecutado las conductas investigadas.

Entre ellas aparecen Carlos Arnulfo Satizábal Azuero, representante legal de Helpen; Edgar Orlando Flórez Cruz, representante legal suplente de la empresa; Aída Esperanza García Gómez, accionista de Helpen; Camilo Prado Gómez, accionista de la compañía, y Fabián Alfonso Suárez Romero, accionista y persona vinculada con la sociedad.

De acuerdo con la decisión, estas personas participaron en actuaciones relacionadas con los procesos contractuales objeto de investigación, las cuales fueron analizadas por la Delegatura para la Protección de la Competencia durante la actuación administrativa.

La Superintendencia indicó que las conductas investigadas estuvieron asociadas con varios procesos de selección adelantados por el Hospital Militar Central para la adquisición de elementos ortopédicos, en los cuales se habrían incorporado condiciones que redujeron la posibilidad de participación de otros oferentes.

Según el análisis realizado por la autoridad, el diseño de esos procedimientos contractuales limitó la competencia y favoreció a Helpen S.A.S. como proveedor dentro de las convocatorias examinadas.

Como resultado de la investigación, la SIC ordenó imponer diferentes sanciones económicas.

Al Hospital Militar Central se le impuso una multa equivalente a 557,19 salarios mínimos mensuales legales vigentes, cifra que corresponde a 64.634,04 Unidades de Valor Básico (UVB), para un total de 772.818.224 pesos.

Por su parte, Helpen S.A.S. en liquidación fue sancionada con una multa de 3,37 salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a 390,92 UVB, por un valor de 4.734.041 pesos.

La resolución también contempla sanciones individuales para las personas naturales declaradas responsables dentro de la investigación, las cuales fueron determinadas de acuerdo con el grado de participación establecido por la autoridad administrativa.

Asimismo, la Superintendencia precisó que el pago de las multas deberá realizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la ejecutoria de la resolución. En caso de incumplimiento, se generarán intereses moratorios conforme a las disposiciones legales vigentes.

Dentro de la actuación administrativa también fue analizada una solicitud de revocatoria directa presentada durante el trámite del expediente. No obstante, la SIC concluyó que no existían fundamentos jurídicos para modificar la decisión adoptada y confirmó las sanciones impuestas.

La resolución señala que las medidas tienen como fundamento las normas contenidas en la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992, la Ley 1340 de 2009 y demás disposiciones que regulan la protección de la libre competencia económica en Colombia.

La investigación se centró en determinar si durante los procesos contractuales se implementaron mecanismos que restringieran la participación de otros competidores o alteraran las condiciones de igualdad entre los oferentes.

Con esta decisión, la Superintendencia de Industria y Comercio dio por concluida la actuación administrativa relacionada con los procesos de contratación del Hospital Militar Central investigados desde 2022, imponiendo las sanciones correspondientes a las entidades y personas declaradas responsables por infringir el régimen de protección de la libre competencia económica en el país.