Senadora lleva ante la Contraloría y la Procuraduría 22 convenios de la JEP con el PNUD por $201.467 millones

Los cuestionamientos

La queja plantea tres presuntas irregularidades. La primera tiene que ver con el régimen jurídico aplicado. De acuerdo con la senadora, la JEP pactó que los convenios se ejecutarían bajo las reglas internas del PNUD, una posibilidad que, según su lectura de la norma, solo procede cuando el organismo internacional aporta más del 50% del valor del acuerdo. Posada sostiene que esa condición se cumplió únicamente en 5 de los 22 convenios.

La segunda se refiere a la naturaleza de los aportes. La denuncia afirma que el PNUD contribuyó solo en especie, es decir, con bienes y servicios técnicos, y no con dinero, y que en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) no es posible verificar cómo se valoraron esos aportes.

La tercera apunta a una posible vulneración de la prohibición legal de usar convenios de cooperación internacional para ejecutar recursos del Presupuesto General de la Nación. Según la queja, con estos fondos se habrían financiado, entre otras actividades, el fortalecimiento de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y la asesoría jurídica a víctimas.

La congresista también advirtió que, por las inmunidades de las que goza como organismo de Naciones Unidas, el PNUD no está obligado a revelar a quién contrata ni cuánto paga, lo que, a su juicio, limita la transparencia en el uso de recursos públicos.

Peticiones sin respuesta

Posada señaló que desde el 23 de septiembre envió derechos de petición a la JEP para conocer las carpetas de ejecución contractual, los gastos de viajes, el arrendamiento de la sede conocida como Torre Squadra y los convenios con el PNUD, sin que hasta el momento haya recibido respuesta. Algunos medios reportaron que la Procuraduría ya había solicitado explicaciones a la entidad sobre estos temas.

Diferencias en las cifras

El monto en discusión no ha sido uniforme. A comienzos de octubre, la misma senadora había hablado de 22 convenios por $182.120 millones, con compromisos de aporte del PNUD por $132.943 millones, mientras que la queja radicada ahora se refiere a $201.467 millones. En ese momento también divulgó documentos de un convenio específico por $61.224 millones, de los cuales $30.000 millones provendrían del presupuesto de la JEP, destinados a la implementación de las sanciones propias impuestas a antiguos integrantes del Secretariado de las extintas FARC.

Contexto: el debate presupuestal

La denuncia se produce mientras el Congreso tramita un recorte de cerca de $170.000 millones para el Sistema Integral de Paz en el presupuesto de 2027, ya aprobado en primer debate. A finales de septiembre, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió garantizar los recursos de la JEP y de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, pronunciamiento que la senadora cuestionó por un presunto conflicto de intereses.

Hasta el cierre de esta edición, ni la JEP ni el PNUD se habían pronunciado públicamente sobre la queja, y no se conoce una decisión de la Contraloría o de la Procuraduría sobre su trámite. Las actuaciones de control, de abrirse, comenzarían por etapas preliminares en las que se verifica si los hechos denunciados tienen sustento.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué denunció la senadora María Clara Posada ante los organismos de control?

La congresista radicó una queja por presuntas irregularidades en 22 convenios de cooperación entre la JEP y el PNUD, que suman más de 201.000 millones de pesos.

¿Cuáles son las principales irregularidades señaladas en los convenios?

Se cuestiona el uso de reglas internas del PNUD para ejecutar recursos públicos, la falta de claridad en la valoración de aportes en especie y la posible financiación de actividades ordinarias de la JEP con fondos de cooperación internacional.

¿Qué impacto tiene la inmunidad del PNUD en esta situación?

Según la denuncia, las inmunidades del organismo de Naciones Unidas limitan la transparencia, ya que no estarían obligados a revelar detalles sobre sus contrataciones ni los montos pagados con recursos del Estado colombiano.