Seis procesados por presuntas estafas a adultos mayores en Medellín ofrecían viajes y descuentos

Una presunta red delincuencial habría utilizado promociones turísticas como mecanismo para engañar a ciudadanos en centros comerciales de Medellín y obtener información personal y financiera para cometer fraudes. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el esquema habría dejado más de 1.000 personas afectadas y ganancias ilícitas superiores a los $14.000 millones.

La investigación señala que los implicados se acercaban a sus posibles víctimas con propuestas de bonos, descuentos en tiquetes aéreos y paquetes turísticos. Después de despertar su interés, las invitaban a desplazarse hasta oficinas comerciales, donde les solicitaban documentos de identidad, tarjetas bancarias y teléfonos celulares bajo el argumento de verificar los beneficios ofrecidos.

Sin embargo, según el ente investigador, esos elementos habrían sido utilizados para abrir productos financieros y efectuar transacciones fraudulentas a nombre de los ciudadanos. El dinero obtenido mediante estas operaciones terminaba en cuentas que, presuntamente, estaban bajo el control de la organización.

Las pesquisas permitieron establecer que entre las personas afectadas había adultos mayores, ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad y personas con limitaciones visuales o cognitivas. Estas circunstancias habrían sido aprovechadas por los señalados para facilitar los engaños.

La estructura, según la información recopilada por los investigadores, habría operado mediante empresas registradas con diferentes razones sociales. A través de estas compañías se promocionaban las ofertas que servían como puerta de entrada para captar a los clientes y obtener sus datos personales.

El expediente también describe una modalidad utilizada cuando los ciudadanos no tenían consigo los documentos o las tarjetas solicitadas. En esos casos, los presuntos responsables los acompañaban hasta sus viviendas para conseguir los elementos requeridos y continuar con el procedimiento.

Otro de los aspectos documentados por la Fiscalía tiene que ver con la firma de contratos. Según la investigación, a algunas víctimas no se les permitía leer los documentos antes de firmarlos, una práctica que habría facilitado la realización de operaciones sin que comprendieran plenamente su alcance.

Las denuncias presentadas por los afectados y las evidencias recolectadas durante las indagaciones permitieron a las autoridades identificar el presunto funcionamiento del esquema y avanzar en la individualización de sus posibles responsables.

Como resultado del proceso investigativo, una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Medellín presentó ante un juez de control de garantías a seis personas señaladas de participar en las actividades ilegales.

Los procesados fueron identificados como Luis Fernando Berrío Duque, Juan Camilo Vásquez Ramírez, Juan Diego Ramírez Caicedo, Johana Gil Hena, Carlos Andrés Pineda Zapata y Miguel Ángel Manrique Villa.

La Fiscalía les formuló imputación, de acuerdo con la posible responsabilidad individual atribuida a cada uno, por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de estafa, estafa agravada en la modalidad de masa, acceso abusivo a sistema informático y violación de datos personales agravado.

Estas conductas están relacionadas, según la hipótesis de la investigación, con la actuación coordinada de los señalados, el presunto engaño a múltiples ciudadanos y el uso irregular de información personal y financiera.

Ninguno de los seis procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. La decisión sobre su responsabilidad penal deberá establecerse dentro del proceso judicial, conforme a las pruebas que sean examinadas por las autoridades competentes.

Tras las audiencias, cinco de los investigados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario. En el caso de Miguel Ángel Manrique Villa, el juez dispuso que permaneciera privado de la libertad en su lugar de residencia.

Las medidas se adoptaron en el marco del proceso penal que busca esclarecer las circunstancias en las que habrían ocurrido las operaciones denunciadas y determinar la participación de cada uno de los señalados.

La investigación expone un mecanismo en el que las promociones comerciales habrían sido utilizadas para generar confianza entre los ciudadanos y obtener acceso a información sensible. El presunto uso de datos personales para abrir productos financieros y mover recursos sin autorización constituye uno de los ejes centrales de las actuaciones judiciales.

El caso también pone de relieve los riesgos que pueden presentarse cuando se solicitan documentos, tarjetas bancarias o dispositivos móviles bajo argumentos comerciales que no han sido verificados.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Cómo operaba la red delincuencial para estafar a las personas en Medellín?

Los implicados abordaban a las víctimas en centros comerciales con falsas ofertas de viajes y descuentos para llevarlas a oficinas donde, bajo engaños, les quitaban sus documentos y celulares para abrir productos financieros y realizar transacciones fraudulentas.

¿Quiénes eran las principales víctimas y a cuánto asciende el fraude?

La red afectó a más de 1.000 personas, especialmente adultos mayores y ciudadanos vulnerables, logrando ganancias ilícitas superiores a los $14.000 millones de pesos.

¿Qué medidas legales se tomaron contra los responsables?

Seis personas fueron procesadas por delitos como concierto para delinquir y estafa agravada; cinco recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario y una en su lugar de residencia.