Seis exintegrantes de las Farc acudirán a la Fiscalía para que se verifiquen los chats que los vinculan con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La firma DLH Legal Group, dirigida por el abogado Luis Eduardo de la Hoz López, asumió la representación jurídica de seis excongresistas del partido Comunes que fueron mencionados en medio de los recientes señalamientos relacionados con el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La defensa anunció que solicitará a la Fiscalía verificar la identidad de las personas aludidas y establecer la autenticidad de los mensajes que motivaron las denuncias públicas.

Los representados son Julián Gallo Cubillos, Omar de Jesús Restrepo Correa, Sandra Ramírez Lobo Silva, Germán José Gómez López, Carlos Alberto Carreño Marín y Luis Alberto Albán Urbano, antiguos integrantes del Congreso por la colectividad surgida del Acuerdo de Paz firmado en 2016.

Según un comunicado del equipo jurídico, las solicitudes que serán presentadas ante el organismo investigador buscan precisar a quiénes corresponden los nombres incluidos en las comunicaciones y determinar si los archivos aportados son auténticos. La firma también contempla solicitar rectificaciones o acudir a mecanismos judiciales de protección de derechos fundamentales si identifica afirmaciones concretas que considere falsas o lesivas para la honra y el buen nombre de sus clientes.

La defensa aclaró que estas actuaciones no constituyen una querella penal contra quienes han entregado información a las autoridades. También señaló que sus representados no se oponen a que se suministren datos relevantes para esclarecer el crimen.

El documento insiste en que los señalamientos deben someterse a verificación y que la pertenencia al partido Comunes o la participación en el proceso de paz no constituye, por sí misma, prueba de responsabilidad penal.

La controversia se intensificó después de que María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, revelara en entrevistas con medios de comunicación el contenido de mensajes que, según afirmó, circularon antes del atentado del 7 de junio de 2025.

En una entrevista radial, Tarazona leyó una comunicación que mencionaba a alias Marcos Calarcá y advertía sobre la supuesta organización de un grupo de ocho hombres para ejecutar un ataque contra Uribe Turbay o la senadora Paloma Valencia. El mensaje también atribuía el origen de la orden al Congreso y señalaba una presunta procedencia venezolana de los recursos.

Tarazona aseguró que los archivos incluían nombres, fotografías y datos de identificación, y sostuvo que había entregado esa información a la Fiscalía. La entidad adelanta actividades de policía judicial para establecer el origen y la veracidad del material, según reportes periodísticos publicados el 15 de octubre de 2026. Por ahora, los señalamientos divulgados no equivalen a una determinación judicial sobre la responsabilidad de las personas mencionadas.

Luis Alberto Albán Urbano negó cualquier participación en los hechos y aseguró que nunca actuó como intermediario ni suministró información para cometer el atentado. También rechazó tener vínculos con las disidencias de las Farc y manifestó su disposición a comparecer ante las autoridades cuando sea requerido.

La defensa advirtió, además, sobre una posible confusión de identidad relacionada con nombres similares al de Albán Urbano y una persona identificada como Alexander Díaz Mendoza. Por ello, considera necesario establecer con precisión la identidad de quienes aparecen en los archivos bajo revisión.

Previamente, varios exdirigentes de Comunes, entre ellos Pablo Catatumbo Torres e Imelda Daza, rechazaron en una carta los señalamientos que calificaron de infundados y reiteraron su compromiso con el proceso de paz.

En el ámbito político, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, pidió a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, agotar las líneas de investigación. El expresidente Álvaro Uribe Vélez también solicitó protección para Tarazona y el esclarecimiento del crimen.

Miguel Uribe Turbay recibió varios disparos el 7 de junio de 2025 durante un acto político en el barrio Modelia, en Bogotá, y murió el 11 de agosto de ese año.

La investigación penal busca establecer tanto la responsabilidad de los autores materiales como la de quienes habrían planeado y financiado el ataque. La Fiscalía ha señalado como hipótesis la posible participación de integrantes de la disidencia Segunda Marquetalia en la coordinación del crimen.

La verificación de los mensajes y la individualización de las personas mencionadas forman parte de las diligencias necesarias para determinar si existe sustento probatorio para nuevas actuaciones judiciales. Mientras avanzan esas labores, la defensa de los excongresistas insiste en que cualquier responsabilidad debe establecerse mediante pruebas y decisiones adoptadas por las autoridades competentes.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué acudirán seis exintegrantes de las Farc a la Fiscalía?

Los excongresistas del partido Comunes buscan que el ente acusador verifique la autenticidad e identidad de los nombres mencionados en unos chats que los vinculan con el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

¿Cuál es el origen de los mensajes que los señalan?

Las comunicaciones fueron reveladas por María Claudia Tarazona, viuda del senador, quien asegura que los mensajes detallaban la organización de un ataque y mencionaban alias como 'Marcos Calarcá'.

¿Qué acciones tomará la defensa de los exmiembros de Comunes?

Además de pedir la validación de los archivos, la firma jurídica contempla solicitar rectificaciones o medidas de protección si consideran que las afirmaciones son falsas o afectan el buen nombre de sus clientes.