Seguridad en riesgo tras decisión judicial, Antioquia demandará nulidad de suspensión de capturas

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció la interposición de una acción de nulidad ante el Consejo de Estado. Esta medida legal se dirige contra la polémica resolución expedida por la Fiscalía General de la Nación, que ordena la suspensión de las órdenes de captura que pesan sobre 23 cabecillas criminales con significativa injerencia en el Valle de Aburrá y el municipio de Rionegro. La decisión del mandatario departamental se dio a conocer al término de un Consejo de Seguridad Metropolitano, un espacio crucial donde convergieron autoridades locales de los municipios del Valle de Aburrá y diversos representantes institucionales, todos ellos preocupados por las implicaciones de esta determinación.

La Gobernación calificó la medida como “abiertamente ilegítima”

El mandatario de los antioqueños no dudó en calificar la medida de la Fiscalía como “abiertamente ilegítima”. Advirtió, con firmeza, que esta resolución no solo vulnera de manera flagrante el marco jurídico vigente en el país, sino que también compromete seriamente la seguridad regional, poniendo en jaque los avances logrados en la lucha contra la criminalidad. Según detalló el Rendón, la Gobernación en estrecha articulación con las alcaldías metropolitanas, se encuentra estructurando un robusto recurso de control de legalidad. Este recurso incluirá una solicitud de suspensión provisional de la resolución, buscando detener sus efectos de inmediato, y será radicado ante las instancias judiciales pertinentes una vez finalice la vacancia judicial correspondiente a la Semana Santa.

Precedente de alto riesgo y cuestionamientos a la “Paz Total”

El Gobernador sostuvo que la resolución de la Fiscalía genera un precedente de altísimo riesgo para la seguridad y la justicia en Colombia. La suspensión de medidas restrictivas contra actores que, según indicó el mandatario departamental, ya han sido sometidos a rigurosos procesos judiciales y, en muchos casos, cuentan con condenas en firme, es una situación preocupante. En este sentido, Rendón cuestionó la coherencia jurídica y la viabilidad de eventuales procesos de sometimiento dentro del marco de la política de “Paz Total”, promovida por el Gobierno nacional encabezado por el presidente Gustavo Petro. “No existe claridad sobre qué tipo de negociación podría adelantarse con personas que ya han sido condenadas por la justicia, lo que genera una profunda incertidumbre jurídica y operacional”, enfatizó señalando la ambigüedad de la situación.

Andrés Julián Rendón también hizo un llamado directo y enérgico a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, instándola a reconsiderar de manera urgente esta decisión administrativa. El Gobernador argumentó que la medida no solo desconoce el dolor y los derechos de las víctimas de estos cabecillas criminales, sino que también debilita de forma significativa la confianza institucional en el sistema de justicia. Además, advirtió que la suspensión de las órdenes de captura podría facilitar la reconfiguración y el fortalecimiento de estructuras criminales en zonas urbanas estratégicas y de alta complejidad como el Valle de Aburrá y el Oriente cercano, afectando directamente la tranquilidad de sus habitantes.

Preocupación de autoridades locales y la Fuerza Pública

Durante el desarrollo del Consejo de Seguridad, las autoridades presentes analizaron en profundidad el impacto potencial de la resolución sobre la operatividad de la Fuerza Pública y la eficacia del sistema judicial. En este contexto, el alcalde de Itagüí, Diego León Torres Sánchez, manifestó su profunda preocupación, señalando que la decisión contradice abiertamente las políticas territoriales de seguridad que se han implementado con éxito y eleva considerablemente el nivel de exposición y riesgo para funcionarios judiciales, uniformados, testigos clave y, por supuesto, para las víctimas. “Se compromete la integridad y la seguridad de quienes han participado activamente en procesos de judicialización complejos y de alto riesgo, exponiéndolos a retaliaciones”, señaló el Alcalde.

Asimismo, se evidenció una preocupación institucional generalizada frente a la ausencia de mecanismos verificables que garanticen de manera efectiva el no retorno de los beneficiarios de esta medida a actividades delictivas. Las autoridades locales coincidieron en que la resolución carece de un enfoque integral de gestión del riesgo criminal y podría afectar gravemente la estabilidad de los indicadores de seguridad que, con gran esfuerzo, han mostrado mejoras significativas en algunos municipios del área metropolitana, poniendo en peligro los avances logrados.

Coordinación interinstitucional y restablecimiento del orden jurídico

El mandatario departamental insistió en que decisiones de este alcance y trascendencia deben ser concertadas de manera obligatoria con las autoridades territoriales, en virtud del principio constitucional de coordinación interinstitucional. Advirtió que la falta de articulación entre los diferentes niveles de gobierno podría derivar en una peligrosa fragmentación de la política de seguridad pública y en la pérdida de eficacia de las estrategias diseñadas para la contención del crimen organizado, generando un vacío de poder que podría ser aprovechado por las estructuras criminales.

Finalmente, el gobernador Andrés Julián Rendón reiteró que la acción de nulidad que interpondrá la Gobernación de Antioquia buscará, primordialmente, restablecer el orden jurídico y evitar la materialización de riesgos inminentes para la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica. “No podemos permitir medidas que debiliten el Estado de derecho ni envíen señales equívocas frente a la lucha frontal contra la criminalidad, que es un compromiso inquebrantable de nuestra administración”, concluyó, reafirmando su postura.