El proceso está relacionado con su presunta responsabilidad en la violación de topes electorales durante la campaña presidencial de 2022, en la que se desempeñó como gerente. Esta es la segunda vez que la diligencia no se realiza por la inasistencia del directivo de Ecopetrol.

La primera audiencia había sido convocada el pasado 12 de marzo, pero tampoco se llevó a cabo, lo que llevó a reprogramarla para el 8 de abril ante el Juzgado 38 de Control de Garantías de Bogotá. Tras la nueva ausencia, el despacho decidió cancelar la audiencia y devolver el expediente al Centro de Servicios Judiciales para la asignación de una nueva fecha.

De acuerdo con la Fiscalía, Roa no se conectó a la diligencia pese a que había solicitado previamente un tiempo para hacerlo. Luego de esperar cerca de 40 minutos, el juez determinó suspender la audiencia. Según se indicó, el funcionario habría presentado una dificultad que le impidió comparecer.

El caso se origina en las investigaciones sobre la financiación de la campaña presidencial que llevó al poder a Gustavo Petro. El ente acusador sostiene que, durante la gerencia de Roa, se habrían superado los límites de gastos permitidos por la normativa electoral.

En noviembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral sancionó la campaña por irregularidades en la financiación, señalando que se excedieron los topes tanto en primera como en segunda vuelta, además de identificar ingresos provenientes de fuentes no autorizadas. En ese mismo proceso administrativo, se impusieron multas al entonces gerente de campaña, así como a la tesorera y a la auditora.

Las sanciones también alcanzaron a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, que fueron multados por el manejo de los recursos de la campaña. En el caso de Roa, la multa fue impuesta de manera solidaria junto a otros responsables por un monto superior a los 5.900 millones de pesos.

Las investigaciones se iniciaron tras una queja presentada en 2023, que derivó en la revisión de los reportes financieros entregados a las autoridades electorales. Según los hallazgos, en la primera vuelta se habrían omitido aportes por más de $3.700 millones de pesos, provenientes de organizaciones como Fecode, el Polo Democrático Alternativo y la Unión Sindical Obrera. Para la segunda vuelta, se estableció un presunto exceso adicional en los gastos reportados.

La Fiscalía también ha señalado inconsistencias en la información presentada, incluyendo diferencias entre facturas, registros contables y los datos reportados por la campaña. Dentro del proceso se han revisado documentos de entidades como la DIAN, así como soportes de proveedores de servicios logísticos, transporte y alojamiento.

Con la suspensión de la audiencia, el proceso queda a la espera de una nueva citación para avanzar en la imputación de cargos contra el presidente de Ecopetrol.

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