Rodrigo Londoño y otros exjefes de las Farc deberán rendir versión ante la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanza en el Caso 11, Subcaso 03, una investigación que busca esclarecer hechos relacionados con violencia sexual, reproductiva y conductas motivadas por prejuicios de género u orientación sexual dentro de las extintas Farc. El expediente reúne hechos registrados entre 1990 y 2015 y contempla testimonios de personas que hicieron parte de esa organización durante el conflicto armado.

Dentro del proceso han sido reconocidas 34 víctimas. De ese grupo, 30 fueron acreditadas como víctimas directas y cuatro como víctimas indirectas. Los casos documentados corresponden a diferentes zonas del país y hacen parte de la información recopilada por la magistratura encargada de la investigación.

Los testimonios incorporados al expediente hacen referencia a diferentes formas de violencia relacionadas con la vida sexual y reproductiva de las mujeres que permanecieron en las filas de las Farc. Entre los hechos reportados aparecen denuncias por violencia sexual, interrupciones forzadas de embarazos y utilización obligatoria de métodos anticonceptivos.

La investigación también incluye relatos sobre procedimientos médicos realizados bajo condiciones denunciadas por las víctimas y situaciones relacionadas con la maternidad. Dentro de los elementos revisados por la JEP se encuentran testimonios sobre mujeres que tuvieron hijos durante su permanencia en la organización y sobre decisiones tomadas respecto al cuidado y crianza de esos menores.

Otro componente del expediente corresponde a hechos relacionados con personas que denunciaron haber sido objeto de discriminación o violencia por su orientación sexual, identidad o expresión de género. Los relatos incorporados mencionan amenazas, sanciones y otras medidas adoptadas dentro de la estructura armada frente a quienes eran señalados por estas circunstancias.

A partir de la información recopilada, la JEP citó a integrantes del último Secretariado de las Farc para que rindan versión voluntaria. La diligencia permitirá a la jurisdicción establecer qué información tenían los antiguos mandos sobre las conductas denunciadas y cuál era el funcionamiento de los mecanismos internos relacionados con su prevención, control o sanción.

Entre los exintegrantes llamados a comparecer se encuentran Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo. La magistratura también busca establecer las responsabilidades individuales que correspondan a partir de las funciones que cada uno desempeñó dentro de la antigua estructura guerrillera.

El expediente incluye además situaciones relacionadas con niños, niñas y adolescentes vinculados a las Farc. Entre los asuntos que serán examinados están las circunstancias que rodearon algunos embarazos, la maternidad de mujeres integrantes de la organización y la separación de menores de sus madres para ser criados por otras personas dentro de la estructura.

La nueva fase del proceso judicial coincide con la discusión sobre el presupuesto de la JEP para 2027. En el Congreso se ha planteado trasladar recursos de la jurisdicción al Consejo Superior de la Judicatura. La propuesta fue presentada por el senador Enrique Gómez y recibió respaldo del presidente Abelardo de la Espriella, de acuerdo con el reporte divulgado sobre la discusión.

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, manifestó su oposición a la reducción planteada y advirtió que una disminución de los recursos tendría efectos sobre la capacidad operativa de la entidad. Entre las actividades que dependen de su presupuesto están el desarrollo de las investigaciones, la atención a las víctimas y el funcionamiento de sus equipos judiciales y territoriales.

La JEP ya había adelantado el trámite institucional para definir su solicitud presupuestal de 2027. El Órgano de Gobierno aprobó el anteproyecto mediante el Acuerdo AOG No. 010 de 2026 y ordenó su remisión al Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el procedimiento establecido para la programación de los recursos de la siguiente vigencia.