Ricardo Roa se declaró inocente frente a delito por tráfico de influencias

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se declaró inocente del delito de tráfico de influencias que le imputó la Fiscalía General de la Nación, en el marco de la investigación sobre la compra del penthouse 901, ubicado en el barrio El Chicó de Bogotá. 

La audiencia de imputación, que se realizó hoy de manera virtual ante el Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de la capital, comenzó a primera hora de la mañana.

«Su señoría, no acepto los cargos y me declaro inocente», declaró Roa durante la diligencia, mientras que su defensa,sostuvo que la narración de hechos pre sentada por la Fiscalía no cumplía con los estándares de “hechos jurídicamente relevantes” exigidos por la legislación colombiana y la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema de Justicia. 

En  este sentido, en la intervención, la defensa enfatizó que la imputación no dejó claro bajo qué rol, como presidente de Ecopetrol o miembro de la junta directiva de Hocol, se habría configurado el presunto delito de tráfico de influencias, y cuestionó la relevancia jurídica penal de la adquisición del apartamento, que fue pagado de manera lícita.

La defensa también solicitó precisiones sobre la participación de Roa en decisiones corporativas, como los nombramientos en Ocol y la gestión del proyecto denominado Chuchupa Ballenas, argumentando que la Fiscalía no ha establecido con claridad cómo sus acciones habrían generado un beneficio indebido para terceros, incluyendo al empresario Juan Guillermo Mancera. 

En particular, se cuestionó la alegada relación entre la compra del inmueble y posibles ventajas dentro de Hocol, filial de Ecopetrol, así como la supuesta influencia sobre los proyectos de negocio, que según la defensa, carece de fundamentación en los elementos típicos del delito imputado.

Vale mencionar que la investigación de la Fiscalía esta revisando la negociación del apartamento, que fue adquirido por Roa en un valor de 1.800 millones de pesos, pese a que se preveé que su valor en el mercado era superior a los 2.700 millones. 

En este sentido, el ente acusador cree que supuestamente la diferencia en el precio y las condiciones de pago habrían estado vinculadas a la influencia de Roa para favorecer intereses de Mancera dentro de Hocol, sin embargo, la defensa sostiene que estas transacciones fueron completamente legales y no configuran tráfico de influencias.

El proceso continuará el 12 de marzo con la segunda audiencia, en la que la Fiscalía formulará imputación por la presunta violación de los topes de gastos durante la campaña presidencial de 2022, periodo en el que Roa se desempeñó como gerente de la campaña “Petro Presidente”. 

Se espera que en esta segunda línea de investigación, el ente acusador examine aportes no reportados oficialmente y gastos asociados a hoteles, publicidad y tiquetes aéreos, por un total de 2.024 millones de pesos, finalmente y hasta el momento, la Fiscalía no ha solicitado medida de aseguramiento contra Roa.