Revelan audios con graves señalamientos contra Verónica Alcocer y su círculo cercano. Fiscalía queda ante un nuevo reto investigativo

Una excolaboradora rompe el silencio

La publicación realizada por la revista SEMANA presenta varios audios atribuidos a Eva Ferrer Galcerán, ciudadana colombo-española que durante varios años hizo parte del círculo más cercano de Verónica Alcocer y posteriormente ocupó cargos de alto nivel dentro de la Presidencia de la República.

Ferrer no es una figura ajena al proyecto político de Gustavo Petro. Desde la campaña presidencial de 2022 trabajó en la construcción de la imagen pública de Alcocer y, tras el triunfo electoral, fue incorporada al Gobierno nacional.

Primero ocupó la Consejería Presidencial para la Niñez y posteriormente fue designada consejera para la Reconciliación. Su cercanía con la primera dama terminó en 2023 tras una ruptura que, según ha trascendido, deterioró completamente la relación entre ambas.

Precisamente esa condición de antigua colaboradora convierte sus afirmaciones en un asunto de evidente interés público. Las grabaciones publicadas contienen una extensa serie de acusaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción, manejo irregular de recursos, tráfico de influencias y utilización de personas como supuestos testaferros.

Hasta el momento, las afirmaciones corresponden exclusivamente a declaraciones atribuidas a Ferrer Galcerán divulgadas por SEMANA y no constituyen hechos judicialmente establecidos.

Los dos millones de euros de la campaña

Uno de los apartes que mayor impacto produjo corresponde a una afirmación según la cual, durante la campaña presidencial de 2022, Verónica Alcocer habría recibido dos millones de euros.

En la grabación, Ferrer asegura que ese dinero habría sido entregado por el empresario catalán Manel Grau.

“A Verónica le dieron dos millones de euros en campaña. Manel se los dio. Es que yo lo sé”, afirma la exfuncionaria en el audio publicado.

La publicación no presenta evidencia documental que respalde esa afirmación dentro del contenido divulgado, por lo que el señalamiento permanece como una denuncia realizada por la exasesora.

En los mismos registros sonoros, Ferrer sostiene que durante años ha reclamado recursos que, según ella, aún le adeudan por trabajos desarrollados durante la campaña presidencial.

Afirma además haber recibido intimidaciones relacionadas con esos cobros.

Supuesto estilo de vida y gastos de la primera dama

Las grabaciones también incluyen comentarios sobre el nivel de gastos que, según Ferrer, tendría la primera dama.

La exfuncionaria asegura conocer las cifras mensuales del sostenimiento personal de Alcocer. Según su versión, esos gastos ascenderían a aproximadamente 50.000 euros cada mes.

Además, sostiene que existían pagos por reuniones y que determinadas personas obtenían importantes ingresos económicos alrededor de la actividad política de la esposa del presidente.

En otro de los apartes, Ferrer describe a Alcocer como una persona con un elevado nivel de influencia dentro del Gobierno.

Incluso asegura que tendría incidencia sobre entidades como Ecopetrol, el Banco Agrario y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Esas afirmaciones tampoco aparecen acompañadas, dentro de la publicación, por documentos o decisiones judiciales que las corroboren.

Ricardo Roa y la influencia en Ecopetrol

Otro de los nombres mencionados reiteradamente en los audios es el de Ricardo Roa. Ferrer sostiene que el entonces presidente de Ecopetrol habría llegado a ese cargo gracias a la relación construida durante la campaña presidencial y a su cercanía con Verónica Alcocer.

Según el audio divulgado, Roa habría buscado mantener satisfecha a la primera dama durante el proceso electoral.

La exfuncionaria hace además comentarios sobre la forma como, en su criterio, algunos altos funcionarios terminaron cediendo a presiones dentro del Gobierno.

Se trata igualmente de apreciaciones personales expresadas por Ferrer en las grabaciones conocidas públicamente.

Las acusaciones sobre supuestos testaferros

Uno de los segmentos más delicados corresponde a las afirmaciones relacionadas con presuntos testaferros.

Ferrer asegura que Verónica Alcocer utilizaría familiares para manejar determinados asuntos patrimoniales.

Incluso afirma que una de las personas que, según ella, la intimidó sería precisamente un supuesto testaferro vinculado al entorno familiar de la primera dama.

En ese contexto utiliza expresiones especialmente fuertes.

“Es una mafia. Son criminales. Una banda de criminales”, se escucha en los audios publicados.

También menciona a un ciudadano italiano, al que relaciona con uno de los empresarios catalanes cercanos al Gobierno, sugiriendo la existencia de préstamos simulados y estructuras para ocultar recursos.

Hasta el momento, esas afirmaciones no cuentan con pronunciamiento judicial que las confirme.

Dinero en bolsas y cajas

Quizá el episodio más llamativo de toda la publicación hace referencia al supuesto ingreso de dinero en efectivo a la Casa de Nariño.

Ferrer menciona a Carolina Plata, contratista cercana a Verónica Alcocer encargada de la organización de eventos presidenciales.

Según la grabación, una persona que convivió temporalmente con integrantes del círculo cercano habría observado el ingreso de bolsas y cajas que contendrían dinero.

La exasesora aclara que ella no vio directamente esas cajas, pero afirma haber recibido esa información de terceros.

En el audio también sostiene que recursos inicialmente destinados a cubrir gastos relacionados con la posesión presidencial terminaron utilizándose para cubrir otros compromisos derivados de controversias por compras realizadas para las residencias oficiales.

La desaparición de recursos en una consejería

Otro de los temas abordados corresponde al supuesto faltante de recursos dentro de una de las consejerías presidenciales.

Ferrer asegura que aproximadamente mil millones de pesos habrían desaparecido en efectivo. En la grabación pregunta quién tiene esos recursos y dónde se encuentran.

También afirma que existirían cobros relacionados con nombramientos, contratación y ejecución de proyectos.

Según sus declaraciones, algunos recursos destinados a programas institucionales habrían terminado financiando piezas publicitarias.

Asimismo, sostiene que parte del dinero habría sido empleado para cubrir gastos relacionados con estrategias de comunicación.

Ninguna de esas afirmaciones aparece respaldada, dentro de la publicación, por decisiones judiciales.

Las denominadas “bodegas” y las movilizaciones

Los audios también incluyen referencias a la financiación de actividades digitales y movilizaciones.

Ferrer asegura que el empresario Manel Grau habría financiado asesores, estudios de opinión y operaciones relacionadas con las llamadas “bodegas” en redes sociales.

Incluso menciona cifras cercanas a los 700.000 euros destinados, según ella, a ese tipo de actividades. La exfuncionaria también hace referencia al pago de movilizaciones y otros contratos asociados al entorno político.

Hasta el momento, esos señalamientos corresponden exclusivamente a las declaraciones atribuidas a Ferrer.

Otras personas mencionadas

Dentro de las grabaciones aparecen igualmente los nombres del estilista Fady Flórez y del fotógrafo Mauricio Vélez.

Según Ferrer, ambos habrían tenido reclamaciones económicas relacionadas con trabajos desarrollados durante la campaña presidencial.

Afirma que Flórez solo pudo solucionar esos pagos posteriormente dentro del Gobierno. Respecto de Vélez, sostiene que existían compromisos relacionados con un proyecto editorial que finalmente no se habría materializado.

Un nuevo desafío para las autoridades

La publicación de estos audios representa uno de los episodios más delicados conocidos alrededor del entorno de Verónica Alcocer durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Las afirmaciones divulgadas por la revista provienen de quien durante varios años integró el círculo de mayor confianza de la primera dama, circunstancia que incrementa el interés público sobre su contenido.

No obstante, desde el punto de vista jurídico, los audios constituyen elementos periodísticos que contienen denuncias y afirmaciones cuya veracidad deberá ser establecida mediante las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no existe una decisión judicial que confirme las acusaciones contenidas en las grabaciones.

La publicación recuerda además que no es la primera ocasión en que el nombre de Verónica Alcocer aparece mencionado en denuncias públicas. En 2023, Nicolás Petro manifestó ante la Fiscalía que la primera dama tendría relación con supuestos asuntos de contratación y burocracia, mientras que el fallecido general (r) Ricardo Díaz también hizo referencias a presuntos intereses en procesos relacionados con la adquisición de aeronaves.

Con la divulgación de este nuevo material, el caso adquiere una nueva dimensión y traslada nuevamente la atención hacia los organismos de investigación. Corresponderá ahora a la Fiscalía General de la Nación determinar si los audios contienen elementos suficientes para abrir, ampliar o fortalecer actuaciones judiciales que permitan establecer si las afirmaciones allí consignadas tienen respaldo probatorio o si, por el contrario, carecen de sustento. Mientras ello ocurre, las grabaciones se convierten en un nuevo foco del debate político y judicial en Colombia.