Red de Veedurías de Colombia presentó queja disciplinaria contra magistrado del Tribunal por decisión relacionada con De La Espriella

Una nueva controversia jurídica y política se abrió en torno a una decisión judicial relacionada con el movimiento Firmes por la Patria. La Red de Veedurías de Colombia (Red Ver) y la organización Veedores Sin Fronteras presentaron una queja disciplinaria ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de Bogotá contra el magistrado Rafael Albeiro Chavarro, integrante de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá.

El documento, fechado el 9 de junio de 2026 y firmado por Pablo Bustos Sánchez, presidente y fundador de la Red de Veedurías de Colombia, cuestiona un auto judicial identificado con el radicado 11001-220500020260010773-00, mediante el cual se habría ordenado como medida provisional “suspender el uso de símbolos patrio como la bandera”, “saludo y emblema de instituciones castrenses” y el uso de oraciones “firmes por la patria”.

Según los denunciantes, dicha determinación podría entrar en conflicto con disposiciones legales y constitucionales. En el escrito se afirma que la medida se adoptó “en violación de la ley 13 de 1984 art. 1, 2 y artículos del derechos la igualdad y participación política de la C.P. arts.13 - igualdad- 40 – participación política”.

La queja también sostiene que la decisión judicial tendría efectos directos sobre la actividad política del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella y de su movimiento. En el documento se menciona expresamente a “UN CANDIDATO PRESIDENCIAL -ABELARDO DE LASPRIELLA- y su movimiento ‘Firmes por la Patria’”, argumentando que las restricciones impuestas podrían afectar el ejercicio de sus derechos políticos y la identificación de su propuesta política ante la ciudadanía.

Pablo Bustos Sánchez presentó la actuación en calidad de presidente de la Red Ver y coordinador internacional de Veedores Sin Fronteras. En el escrito señala que actúa “en defensa del interés general, de la moralidad pública y del patrimonio colectivo”, invocando además la normativa nacional e internacional relacionada con la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción.

La organización ciudadana recordó que la Red de Veedurías de Colombia fue creada en 1994 y que ha participado históricamente en procesos de control social y vigilancia de la gestión pública. Por ello, considera que la actuación judicial merece una revisión disciplinaria para determinar si existió alguna eventual extralimitación o vulneración de garantías constitucionales.

Hasta el momento, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial deberá evaluar la admisibilidad de la queja y determinar si existen méritos para abrir una investigación formal contra el magistrado señalado en dicha queja.