Reactivadas órdenes de captura contra gestores de paz tras revocación de designacionesreactivadas órdenes de captura contra gestores de paz tras revocación de designaciones.

La Fiscalía General de la Nación ha reactivado las órdenes de captura que pesaban sobre varios individuos designados como gestores de paz por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta decisión se produce luego de que el Ejecutivo, bajo la administración del presidente Abelardo De La Espriella, revocara las designaciones de estos representantes de grupos armados, quienes participaban en procesos de diálogo, negociación, acercamientos, conversaciones o espacios sociojurídicos en el marco de la política de paz total.

La medida impacta a cabecillas y exmiembros de estructuras como el autodenominado ‘Estado Mayor de Bloques y Frente’, la ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’ y las ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada’, marcando un giro en la estrategia de paz y seguridad del país.

El caso del ‘Estado Mayor de bloques y frente’

En lo que respecta al ‘Estado Mayor de Bloques y Frente’, la Fiscalía ha reactivado un total de 27 órdenes de captura contra exmiembros que representaban a esta estructura. Entre los nombres más destacados figura Alexander Díaz Mendoza, conocido con el alias de ‘Calarcá’. Un juez de control de garantías lo declaró persona ausente, y la Fiscalía le imputa delitos graves como concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido en uno de los hechos, secuestro simple, desaparición forzada agravada, tortura en persona protegida y reclutamiento ilícito de menor de edad.

La investigación contra alias ‘Calarcá’ cobró relevancia tras la incautación de archivos durante un procedimiento realizado en un retén en el año 2025. Estos elementos, según la información oficial, fueron cruciales para identificar hechos que posteriormente se incorporaron a la investigación judicial contra el señalado cabecilla.

Dentro de este mismo grupo, también se encuentra Diana Carolina Rey Rodríguez, alias ‘Erika’ o ‘Erika Castro’, quien es señalada como pareja sentimental y mano derecha de ‘Calarcá’. Asimismo, figura Javier Alonso Velosa García, conocido como alias ‘Jhon Mechas’, quien en una diligencia judicial previa se conectó desde la selva para recibir la imputación de cargos.

Reactivación de órdenes para la ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’

La reactivación de las órdenes de captura también se extiende a exmiembros de la autodenominada ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’. Para este grupo, se han reactivado 13 órdenes de captura. Entre los afectados se encuentra Geovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’, cuya extradición a Estados Unidos fue avalada por la Corte y firmada por el nuevo presidente.

Alias ‘Araña’ había sido detenido en febrero de 2025 en un hotel de Bogotá, mientras participaba en una reunión con delegados de paz. Este hecho generó controversia en su momento, dado que formaba parte de los acercamientos adelantados en el marco de la política de paz del Gobierno Petro.

En este mismo listado aparece José Vicente Lesmes, alias ‘Walter Mendoza’, quien es señalado como líder de la ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’, antes de las disidencias de la Segunda Marquetalia, y participaba en conversaciones con el Gobierno Nacional. Otros exrepresentantes incluidos en este grupo son Luis Andrés Figueroa Marín, alias ‘Popeye’, entre otros.

Medidas contra las ‘autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada’

Finalmente, la Fiscalía General de la Nación reactivó seis órdenes de captura contra exmiembros que representaban a las autodenominadas ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada’. Los nombres incluidos en esta medida son José Luis Pérez Villanueva, Emilio Pertuz Ballestas, Orlando Pérez Ortega, Elmer David Reyes Carrillo, Rafael Salazar Salcedo y Daniel Bravo Arias.

Esta serie de reactivaciones de órdenes de captura subraya la determinación de las autoridades frente a la situación jurídica de individuos que, aunque designados como gestores de paz, ahora enfrentan nuevamente la acción de la justicia tras la revocación de sus designaciones por parte del Gobierno.