Procuraduría solicitó frenar nuevos pasaportes por presuntas fallas en contratación con Portugal

La Procuraduría General de la Nación solicitó la suspensión inmediata del nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia, tras identificar presuntas irregularidades en los contratos suscritos entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal. La petición fue elevada ante las autoridades competentes con el objetivo de detener la ejecución del esquema mientras se analizan los aspectos jurídicos del proceso.

Uno de los principales cuestionamientos del Ministerio Público se centra en la ausencia de estudios de mercado que justifiquen la contratación directa utilizada en este caso. Según la Procuraduría, la modalidad escogida no estaría debidamente sustentada, lo que podría contravenir los principios de transparencia y selección objetiva que rigen la contratación estatal.

El análisis también pone en duda la naturaleza jurídica de la Casa de la Moneda de Portugal, entidad con la que se suscribió el convenio. De acuerdo con el ente de control, esta organización no cumpliría con las condiciones para ser considerada una entidad pública extranjera, ya que en su país opera bajo un esquema empresarial privado. Este punto resulta clave, debido a que los convenios interadministrativos, figura utilizada en este caso, requieren que ambas partes tengan carácter público.

A estas observaciones se suman otras inconsistencias detectadas durante el proceso. La Procuraduría identificó posibles irregularidades en la definición de vigencias futuras por parte de la Imprenta Nacional, así como cuestionamientos relacionados con la aprobación formal del convenio y el manejo de pagos en moneda extranjera.

Uno de los hallazgos más relevantes surgió tras una visita preventiva realizada en agosto de 2025. En ese momento, el ente de control concluyó que la Imprenta Nacional de Colombia no ejecutaría actividades sustanciales dentro del contrato. Su rol se limitaría a la personalización de las libretas de pasaporte, mientras que el resto de las funciones recaerían en la entidad extranjera. Así la Imprenta solo jugaría un papel de simple intermediación.

Este esquema, según la Procuraduría, desvirtúa la figura del convenio interadministrativo y sugiere que el proceso debió adelantarse mediante una licitación pública abierta, que permitiera la participación de distintos oferentes con capacidad técnica. En ese sentido, el organismo advierte que se habría omitido un procedimiento competitivo que garantizara mejores condiciones para el Estado.

La solicitud de suspensión se sustenta también en la urgencia del caso. El Ministerio Público señaló que, a medida que avanza la ejecución de los contratos, se hace más complejo revertir el proceso tanto en términos jurídicos como operativos. Por ello, insiste en la necesidad de adoptar medidas inmediatas que eviten la consolidación del modelo actual.

Adicionalmente, se conoció que durante el desarrollo del proyecto se presentaron dificultades para obtener pólizas de aseguramiento. Según información de la Imprenta Nacional, fue necesario ajustar los montos de riesgo e inversión para lograr la cobertura por parte de una aseguradora estatal, ante la negativa de las aseguradoras privadas de hacer las coberturas.

El caso queda ahora en manos de las autoridades competentes, que deberán evaluar la solicitud de la Procuraduría y determinar si procede la suspensión del modelo mientras se adelantan las investigaciones correspondientes.