Procuraduría pidió a MinInterior designar Alcalde ad hoc en Pereira tras impedimento de Mauricio Salazar

La Procuraduría General de la Nación informó que solicitó al Ministerio del Interior nombrar un Alcalde ad hoc, luego de aceptar el impedimento del mandatario actual, Mauricio Salazar Peláez.

Quien hace poco había manifestado encontrarse inhabilitado frente a varios temas por la participación de su esposa en las elecciones parlamentarias que tendrán lugar en marzo de este año.

En este sentido, la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda confirmó que el funcionario no podrá participar, ni deliberar o decidir, sobre asuntos que sean sometidos a consideración del Comité de Seguimiento Electoral del municipio.

En el mismo orden de ideas, por medio de un comunicado publicado en su sitio web, se lee que el ente de control advirtió también que Salazar Peláez tampoco estaba habilitado para intervenir en ninguno de los trámites administrativos que guarden relación directa o indirecta con las elecciones al Congreso para el periodo 2026 a 2030.

En otro orden de ideas, el Ministerio Público aseguró que al funcionario se le mantiene la investigación disciplinaria abierta el pasado 26 de diciembre por la presunta participación indebida en política.

En la que al parecer, Salazar Peláez habría promovido la candidatura de su esposa, María Irma Noreña, para el Senado en las próximas elecciones que se votarán en marzo, por lo cual, la misma Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez (2024–2027), por presunta participación indebida en política a favor de su esposa.

Por ese entonces, la Delegada Segunda para la Vigilancia Administrativa señaló que, según denuncias hechas por medios de comunicación, el funcionario presuntamente habría promovido la candidatura de su cónyuge al Senado, la cual se habría consolidado a través de la recolección de firmas en varias dependencias de la institución.

Por lo que, el ente de control aseguró que validará la supuesta existencia de planillas en las que los servidores debían diligenciar sus datos personales, así como de audios en los que se solicitaba el apoyo a la candidatura y una cuota de votantes que cada uno debía asegurarle a Noreña.

Sobre el tema, el Ministerio Público señaló que la actuación procesal buscaba establecer la ocurrencia de la conducta, para determinar si se constituía como una falta disciplinaria y definir si el disciplinable actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

Hasta ahora el alcalde electo no se ha referido a la decisión que adoptó la Procuraduría, ni a través de sus redes sociales ni por canales oficiales.