Procuraduría llamó a juicio disciplinario al MinSalud por fallas en el modelo de salud a docentes

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos y abrió juicio disciplinario contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y los exministros Ricardo Bonilla, Gloria Inés Ramírez y Aurora Vergara, por presuntas irregularidades en la implementación del nuevo sistema de atención en salud para los maestros del país. La decisión también cobija a varios integrantes de la junta directiva del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

Entre los llamados a juicio se encuentran Georgina Arroyo y Christian Rey Camacho, representantes de Fecode en el consejo directivo del Fondo; Magda Lorena Giraldo, vicepresidenta encargada del FOMAG, y Jhon Mauricio Marín, expresidente de la Fiduprevisora.

De acuerdo con el ente de control, durante la fase investigativa se identificaron fallas en las etapas de negociación y en los acuerdos suscritos con las instituciones prestadoras de servicios de salud que se vincularon al nuevo esquema.

Según la Sala de Instrucción, los denominados acuerdos de voluntades carecieron de elementos esenciales, al no haberse suscrito con las formalidades exigidas. A ello se sumó la ausencia de una vinculación adecuada de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) dentro del modelo, así como retrasos en la aprobación de instrumentos clave como el manual de contratación y el manual tarifario.

La Procuraduría señaló que el manual tarifario fue aprobado el 4 de mayo de 2024, cuando el nuevo modelo de atención ya había iniciado operaciones el 1 de mayo de ese mismo año. En ese escenario, el organismo advirtió que la prestación de servicios sin tarifas previamente negociadas derivó en la aceptación de valores propuestos por las IPS y en pagos por evento con base en tarifas SOAT u otros portafolios, lo que podría comprometer los principios de economía y eficacia en el uso de los recursos.

En el caso del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, el ente de control consideró que habría incumplido su deber de coordinar y asistir técnicamente al consejo directivo del FOMAG y a la Fiduprevisora. También cuestionó la suficiencia de sus orientaciones para la estructuración del manual tarifario, situación que permitió la facturación de servicios sin autorización previa y con tarifas no definidas.

Respecto de los exministros Gloria Inés Ramírez, Ricardo Bonilla y Aurora Vergara, la Procuraduría les atribuyó presuntas falencias en su rol como integrantes del consejo directivo del Fondo, al haber aprobado la puesta en marcha del modelo pese a inconsistencias como la ausencia de tarifas definidas, la falta de verificación de requisitos de los prestadores y deficiencias en la etapa de negociación.

El pliego de cargos también incluyó a Jhon Mauricio Marín, expresidente de la Fiduprevisora, a quien se le atribuye haber permitido la entrada en operación del modelo cuando la entidad fiduciaria no contaba con las capacidades técnicas y jurídicas para adelantar los procesos de contratación.

En el caso de Magda Lorena Giraldo, la Procuraduría señaló una posible extralimitación de funciones al autorizar servicios y pagos por evento sin los avales correspondientes. Las actuaciones disciplinarias avanzan ahora a la etapa de juzgamiento, en la que se determinará la responsabilidad de los funcionarios y exfuncionarios vinculados al proceso.