Procuraduría levantó suspensión a guardias del Inpec implicados en fiesta en Itagüí: Continúa investigación por pagos y omisiones

Dicha decisión se da en el marco de la investigación por la realización de una fiesta vallenata al interior del centro penitenciario el pasado 8 de abril de 2026. La decisión permite que los funcionarios regresen a sus cargos mientras avanza el proceso disciplinario.

Los servidores habían sido apartados de manera temporal luego de que se conocieran detalles sobre un evento que se desarrolló dentro del penal y en el que participaron internos, incluidos cabecillas de estructuras criminales. La actividad, según las denuncias, se llevó a cabo sin cumplir con los protocolos de control y seguridad establecidos, lo que derivó en la apertura de indagaciones por posibles faltas disciplinarias.

De acuerdo con la información recopilada en el proceso, los funcionarios habrían omitido registros obligatorios, verificaciones de ingreso y controles internos que regulan la entrada de visitantes, artistas y elementos al establecimiento carcelario. Además, dentro de las líneas de investigación se incluyen presuntos pagos irregulares que habrían sido entregados a algunos de los guardias para facilitar el desarrollo del evento.

Con la decisión adoptada por el Ministerio Público, el expediente pasa a la etapa de indagación previa, fase en la que se continuará con la recolección de pruebas y el análisis de los elementos ya aportados. La Procuraduría indicó que las evidencias existentes fueron avaladas para seguir adelante con el proceso, sin que la medida implique cierre de la investigación ni exoneración de responsabilidades.

Las denuncias conocidas señalan que cada uno de los funcionarios involucrados habría recibido cerca de un millón de pesos para permitir el ingreso de personas y elementos sin cumplir con los filtros exigidos. En total, el evento habría movilizado recursos cercanos a los 500 millones de pesos, destinados a logística, bebidas, alimentos y la contratación de artistas.

Entre los participantes del evento se menciona al cantante Nelson Velásquez, quien habría sido contratado para ofrecer una presentación en vivo dentro del penal. Asimismo, se reportó la presencia de más de un centenar de visitantes, incluidos menores de edad, lo que amplió el alcance de las investigaciones sobre las condiciones en las que se permitió el ingreso al centro de reclusión.

El caso fue llevado al debate público por integrantes del Concejo de Medellín, entre ellos la concejal Claudia Carrasquilla, quien presentó denuncias sobre la magnitud de los recursos utilizados y la posible existencia de un esquema de pagos para facilitar el evento. Por su parte, el concejal Andrés Tobón cuestionó los mecanismos de control dentro del sistema penitenciario y planteó interrogantes sobre la supervisión institucional en este tipo de situaciones.

En paralelo, el Ministerio de Justicia, encabezado por Jorge Iván Cuervo Restrepo, señaló que los miércoles existe un régimen especial de visitas en el establecimiento, aunque precisó que el número de asistentes y las características del evento superaron lo permitido por los protocolos vigentes.

Desde el Inpec se anunció el retiro del director del penal y la apertura de investigaciones disciplinarias adicionales contra otros funcionarios que se encontraban de servicio el día de los hechos. La entidad también indicó que la actividad no contó con autorización institucional ni del Gobierno nacional.

La decisión de la Procuraduría se produce mientras continúan las indagaciones sobre un posible entramado de irregularidades al interior del centro penitenciario. Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación relacionadas con el ingreso de objetos no permitidos, la participación de internos de alto perfil y la eventual responsabilidad de funcionarios encargados de la custodia y control del establecimiento.

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