Procuraduría está investigando a tres funcionarios por salida de alias “Gordo Lindo” de prisión

A tres funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) se les formuló pliego de cargos por parte de la Procuraduría General de la Nación. De acuerdo con la información a estos funcionarios se les acusa de presuntas irregularidades en el proceso de liberación de Francisco Javier Zuluaga Lindo, conocido como alias “Gordo Lindo”.

Es de indicar que la liberación de este hombre ocurrió el 29 de noviembre de 2022 en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá, La Picota.

Entre los implicados están el entonces director del establecimiento penitenciario, Horacio Bustamante; al funcionario del área jurídica, Fabián Solano; y al guardián Wiliam Salas, quienes habrían intervenido en el trámite que permitió la salida del interno.

Los investigados habrían autorizado la excarcelación sin realizar una verificación completa en las bases de datos judiciales, procedimiento que hace parte de los controles obligatorios antes de otorgar la libertad a una persona privada de la libertad.

La información anterior fue entregada por la Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos y según la información estas consultas permiten confirmar la existencia de órdenes de captura, procesos vigentes o medidas de aseguramiento pendientes.

De acuerdo con los hallazgos preliminares, al momento de la salida de Zuluaga existirían antecedentes judiciales activos, así como decisiones condenatorias y requerimientos en curso que debían ser considerados dentro del proceso de revisión previo a la excarcelación.

El organismo de control también estableció que un día antes de la liberación, la Fiscalía General de la Nación había remitido información relacionada con una boleta de detención por el delito de tráfico de estupefacientes agravado. Este documento indicaba que el interno debía continuar privado de la libertad.

La Procuraduría consideró que la conducta investigada podría configurar una falta disciplinaria gravísima, atribuida a título de culpa gravísima. Esta calificación se relaciona con la posible omisión de deberes funcionales que habrían facilitado la liberación irregular de una persona bajo custodia del Estado.

El proceso disciplinario busca establecer si los funcionarios incurrieron en incumplimientos a las normas que regulan los procedimientos de excarcelación, así como determinar su grado de responsabilidad en los hechos investigados.

El Ministerio Público indicó que esta actuación se enmarca en su función de vigilancia sobre la conducta oficial de los servidores públicos, con el objetivo de garantizar la legalidad en las actuaciones administrativas y el respeto por las decisiones judiciales.

Asimismo, señaló que el avance del proceso permitirá esclarecer las circunstancias en las que se produjo la liberación del interno y definir las medidas correspondientes conforme a la normatividad vigente.