Procuraduría dijo que en el marco del día del niño hay que ser más precavidos y responsables con los infantes en el país.

La Procuraduría General de la Nación ha emitido una preocupante alerta sobre la grave y persistente situación de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia, revelando cifras desalentadoras que exigen una acción inmediata y coordinada. Este llamado se produce en un contexto donde la protección de la niñez se vuelve más crítica que nunca.

Entre enero y febrero de 2026, la Defensoría del Pueblo documentó un alarmante total de 15 casos de reclutamiento, uso y utilización de menores por parte de grupos armados ilegales. Es particularmente preocupante observar que el 73% de estas víctimas fueron hombres, mientras que el 27% correspondieron a mujeres (niñas y adolescentes), lo que subraya la diversidad de riesgos a los que se enfrentan los menores en zonas de conflicto y la necesidad de enfoques diferenciados para su protección.

En lo corrido del mismo periodo de 2026, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reportó la significativa recuperación de 62 menores que habían sido reclutados o estaban en riesgo dentro de estructuras al margen de la ley. Esta cifra, aunque muestra un esfuerzo de rescate, también evidencia la magnitud del problema del reclutamiento. Adicionalmente, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó 1.062 valoraciones médico-legales a menores de edad solo entre enero y febrero, un dato que sugiere la prevalencia de diversas formas de violencia y maltrato que requieren atención especializada y urgente.

Ante este desolador panorama, la Procuraduría ha hecho un enérgico y reiterado llamado a reconocer la inherente vulnerabilidad de la niñez colombiana y a protegerla con la máxima atención y diligencia por parte de todas las instituciones del Estado, así como bajo el amparo de la Constitución Política. La entidad destacó con énfasis la alarmante cifra de 2.051 casos de violencia sexual reportados contra niños, niñas y adolescentes, siendo los menores en el rango de edad de 10 a 14 años los más afectados por este flagelo, lo que demanda estrategias de prevención y atención mucho más robustas y efectivas.

La entidad solicita enfáticamente al Estado colombiano garantizar de manera integral los derechos fundamentales de una niñez libre de violencias, atropellos a su inocencia y cualquier forma de explotación. Para lograr este objetivo primordial, se establece como marco de garantía la articulación efectiva y permanente entre las instituciones gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general. Asimismo, se subraya la importancia crucial de asegurar el cumplimiento de los derechos constitucionales a una salud integral, una educación con enfoque diferencial que responda a sus necesidades específicas, y el acceso a la recreación y el uso adecuado del tiempo libre.

Cifras tan contundentes como las 15 documentadas por la Defensoría del Pueblo sobre el reclutamiento de menores en los dos primeros meses de 2026, con un claro predominio de víctimas masculinas, exigen que las respuestas actuales del Estado no solo se ajusten a los riesgos inminentes y cambiantes, sino que también se planteen y ejecuten estrategias mucho más integrales de apoyo, prevención, rehabilitación y reacción inmediata.