Procuraduría convocó mesa para analizar proyecto que modificaría tope de precios de vivienda VIS y VIP

La Procuraduría General de la Nación instaló una mesa interinstitucional para examinar los posibles efectos del proyecto de decreto que propone establecer un tope general al valor de la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), así como fijar estos precios en pesos colombianos. El encuentro se realizó en el marco de las funciones de vigilancia preventiva que ejerce el Ministerio Público frente a las decisiones de la administración pública.

La reunión fue liderada por la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública y contó con la participación de varias entidades del Gobierno nacional relacionadas con la política de vivienda y la regulación económica. Entre ellas estuvieron el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

También participaron representantes de la Superintendencia de Industria y Comercio y del Departamento Nacional de Planeación, entidades encargadas de la regulación económica y la planeación de políticas públicas en el país.

A la sesión fueron invitados además voceros de organizaciones del sector privado vinculadas al sistema de vivienda, entre ellas la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas) y la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria).

Durante la mesa de trabajo se analizaron los posibles efectos jurídicos, económicos, contractuales y sociales que podría generar la expedición del decreto que busca modificar el esquema de fijación de precios de las viviendas VIS y VIP. Estas categorías hacen parte de los programas de acceso a vivienda dirigidos a hogares con ingresos determinados y cuentan con parámetros definidos por la regulación vigente.

En el desarrollo de la reunión, la Procuraduría reiteró la necesidad de garantizar la seguridad jurídica de los proyectos de vivienda que actualmente se encuentran en ejecución. El Ministerio Público señaló además la importancia de preservar la estabilidad de los contratos existentes dentro del sector y de asegurar que las modificaciones regulatorias mantengan coherencia con el marco normativo vigente.

Otro de los aspectos abordados durante la sesión fue la sostenibilidad financiera del sistema de vivienda en Colombia, así como la protección de los hogares que acceden a programas de vivienda de interés social y de interés prioritario. Las entidades participantes revisaron el alcance del proyecto de decreto y su posible incidencia en los distintos actores que intervienen en la construcción, financiación y comercialización de este tipo de viviendas.

Al finalizar el encuentro, las instituciones acordaron seguir el análisis del proyecto mediante la realización de mesas técnicas especializadas. En estos espacios se evaluarán diferentes alternativas regulatorias y se revisará la información disponible con el objetivo de profundizar en el estudio de la iniciativa.

La Procuraduría informó que continuará realizando seguimiento al proceso de discusión del decreto dentro del ejercicio de sus funciones constitucionales. Según indicó la entidad, este acompañamiento busca verificar que las decisiones que se adopten en materia de regulación del sistema de vivienda se ajusten al marco legal vigente y tengan en cuenta los efectos que puedan generar sobre los proyectos en curso y los beneficiarios de los programas de vivienda VIS y VIP.