Preocupación presidencial por el robo de combustible. Una amenaza que alimenta el narcotráfico

El presidente Abelardo de la Espriella ha manifestado una profunda preocupación ante el alarmante incremento del robo de combustible por parte de grupos armados ilegales en el país. Esta situación, que representa un grave atentado contra el patrimonio nacional, ha motivado un contundente llamado del mandatario a las autoridades de defensa para que actúen de manera inmediata y decisiva.

El llamado presidencial a las autoridades

En un mensaje directo dirigido al Ministro de Defensa, al Comandante General de las Fuerzas Militares y al Director General de la Policía Nacional, el presidente De la Espriella subrayó la gravedad de la información recibida sobre el hurto de combustibles y crudo en Colombia, calificándola de “absolutamente alarmante” y exigiendo “una respuesta inmediata y contundente del Estado”.

Cifras alarmantes y pérdidas millonarias

Las cifras presentadas por el mandatario son contundentes. Se estima que cada mes son hurtados cerca de 123.700 barriles de productos refinados, incluyendo gasolina, diésel y nafta. Estos productos, importados o producidos por Ecopetrol, son sustraídos principalmente de un poliducto de 14 pulgadas que conecta Pozos Colorados, en Santa Marta, con el interior del país. Las pérdidas se concentran de manera significativa en los departamentos de Cesar y Magdalena.

De mantenerse este ritmo delictivo, las proyecciones anuales superan los 1.5 millones de barriles robados, lo que se traduce en pérdidas superiores a los 500.000 millones de pesos para Ecopetrol y, por ende, para la Nación colombiana.

El vínculo con el narcotráfico, una preocupación adicional

La situación se agrava considerablemente al considerar un elemento adicional: la utilización de estos combustibles como insumos esenciales en el procesamiento ilícito de cocaína. El presidente ha enfatizado la necesidad de determinar con precisión cuánto del combustible hurtado está siendo desviado hacia las cadenas del narcotráfico y qué organizaciones criminales están detrás de su adquisición y transporte.

Las investigaciones preliminares sugieren que los delincuentes emplean las denominadas “caravanas de la muerte” para cargar, transportar y escoltar el combustible robado. Estas caravanas pueden llegar a movilizar hasta 600 vehículos, muchos de ellos con destino final en la región del Catatumbo, conocida por su alta concentración de cultivos ilícitos y laboratorios de procesamiento.

Si se confirma que una parte sustancial de este combustible está alimentando los complejos de producción de cocaína, la problemática trasciende el mero robo a Ecopetrol. Se estaría frente a una compleja cadena criminal que conecta el hurto de hidrocarburos con el narcotráfico y la financiación de organizaciones armadas terroristas, fortaleciendo así la economía criminal que el Estado combate.

El robo de crudo, otra arista del problema

Paralelamente al hurto de productos refinados, la situación del apoderamiento ilegal de crudo en diversas regiones del país sigue siendo crítica. El presidente recordó antecedentes graves como los ocurridos en el Oleoducto Trasandino (OTA) y la persistente afectación en el Caño Limón-Coveñas, especialmente en el Catatumbo, donde la acción criminal ha impactado severamente la operación petrolera.

Exigencia de una operación conjunta e integral

Ante este panorama, el presidente De la Espriella ha sido enfático: “Esto tiene que acabarse”. Ha demandado una operación conjunta y coordinada entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, articulada con Ecopetrol, la Fiscalía General de la Nación y las demás autoridades competentes. El objetivo es atacar de manera integral esta economía criminal.

La directriz presidencial es clara: no solo se debe perseguir a quienes perforan los tubos, sino que se debe desmantelar toda la cadena delictiva. Esto implica identificar y judicializar a quienes financian, hurtan, almacenan, transportan, escoltan, compran y comercializan el combustible robado. De manera crucial, se busca determinar la cantidad que termina en las estructuras del narcotráfico y quiénes son sus destinatarios finales.

Para lograrlo, se requiere una estrategia robusta que incluya inteligencia, control territorial efectivo, operaciones sostenidas, judicialización rigurosa y la extinción de dominio sobre los vehículos, predios, depósitos y demás bienes utilizados por estas organizaciones criminales.

El presidente ha instruido al Ministro de Defensa para que coordine personalmente esta operación, exigiendo resultados concretos y un informe periódico de los avances. Cada barril robado es considerado patrimonio de los colombianos, y su uso para alimentar la producción de cocaína significa que “con recursos robados a la Nación se fortalezca la misma economía criminal que estamos combatiendo”, una situación que, según el mandatario, “no va a continuar”.