Piden al Consejo de Estado quitarle la investidura al senador Agmeth Escaf por presunto tráfico de influencias

Qué es la pérdida de investidura

La pérdida de investidura es una sanción de carácter jurisdiccional que solo puede imponer el Consejo de Estado. Si prospera, el congresista sale de su cargo y queda inhabilitado de por vida para volver a ser elegido al Congreso. No es un proceso penal: no define si se cometió un delito, sino si el parlamentario incurrió en alguna de las conductas que la Constitución castiga con esa medida.

En este caso, el demandante invoca el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución, que contempla como causal el tráfico de influencias «debidamente comprobado». Además, pidió la suspensión provisional del senador mientras se tramita el proceso, una solicitud que deberá evaluar el alto tribunal.

Las declaraciones que originaron la demanda

El recurso se apoya en una entrevista concedida por Eva Ferrer a la revista Semana. En ella, la exasesora, de origen español, afirmó que Escaf y Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama, ejercían control sobre entidades del Estado durante el gobierno de Gustavo Petro.

Según el texto de la demanda, Ferrer habló de presuntas injerencias en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y ProColombia, incluida la salida de directivos. El escrito también menciona supuestos intentos de intervenir en Ecopetrol, el Banco Agrario, la Sociedad Portuaria de Cartagena, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Fondo Adaptación, el Icetex y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La exasesora vinculó además al entorno de Alcocer con un presunto movimiento de 2,5 millones de dólares desde Venezuela hacia Colombia en enero de 2023. Ninguna autoridad judicial ha establecido la veracidad de estas afirmaciones, que por ahora son señalamientos sin verificación.

Los hechos descritos corresponden al periodo en el que Escaf se desempeñaba como representante a la Cámara por el Atlántico (2022-2026), antes de llegar al Senado.

Las pruebas solicitadas

Para sustentar la demanda, VER-Control pidió que Ferrer sea citada a declarar para ratificar y ampliar sus afirmaciones, que la entrevista publicada se incorpore como prueba y que se reciban testimonios de exdirectivas de las entidades mencionadas. También solicitó que se pidan informes a la Presidencia de la República, a la Fuerza Aérea Colombiana y al Consejo Nacional Electoral.

Escaf rechazó los señalamientos a través de su cuenta en X. Allí sostuvo que Ferrer adelanta una «campaña de señalamientos» en su contra y le atribuye delitos graves sin presentar públicamente pruebas. El congresista aseguró que ya están en curso una demanda civil y una denuncia penal por injuria y calumnia contra la exasesora, negó cualquier vínculo con actividades ilícitas y solicitó a Semana el derecho de réplica.

Lo que sigue

El Consejo de Estado deberá decidir primero si admite la demanda. De hacerlo, el trámite se rige por la Ley 1881 de 2018, que establece un procedimiento con dos instancias dentro de la misma corporación y garantías de defensa para el congresista. La Constitución fija un plazo de 20 días hábiles para fallar una vez se surten las etapas del proceso.

Hasta que exista una decisión en firme, el senador conserva su investidura y se presume su inocencia frente a cualquier señalamiento. Por ahora, la demanda no está acompañada de investigaciones públicas conocidas de la Corte Suprema de Justicia o de la Fiscalía sobre estos mismos hechos.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué piden quitarle la investidura al senador Agmeth Escaf?

Una veeduría ciudadana radicó una demanda ante el Consejo de Estado por presunto tráfico de influencias, basándose en declaraciones de Eva Ferrer, exasesora de la exprimera dama Verónica Alcocer.

¿De qué se le acusa exactamente al congresista?

Se le señala de ejercer control e injerencia indebida en entidades estatales como el ICBF, el Dapre y ProColombia, además de supuestos intentos de intervenir en otras instituciones como Ecopetrol y la UNGRD.

¿Cuál ha sido la respuesta de Agmeth Escaf ante estas acusaciones?

El senador negó los señalamientos, calificándolos como una campaña de difamación, y anunció que ya cursan una demanda civil y una denuncia penal por injuria y calumnia contra Ferrer.

¿Qué consecuencias podría enfrentar el senador si prospera la demanda?

De ser hallado responsable, el Consejo de Estado podría decretar la pérdida de su investidura, lo que implica su salida del cargo y la inhabilidad de por vida para ser elegido nuevamente al Congreso.