Nancy Catalina Agudelo prometió rendimientos de hasta 45 % y terminó condenada por estafa agravada en Medellín y Bucaramanga

Una condena de 10 años y tres meses de prisión fue impuesta a Nancy Catalina Agudelo Arango por su responsabilidad en una serie de estafas relacionadas con supuestas inversiones en la producción y comercialización de bolsas ecológicas y otros productos. Los hechos afectaron a cerca de 30 personas en Medellín, Antioquia, y Bucaramanga, Santander.

La sentencia fue emitida por un juez de conocimiento después de que la procesada aceptara su responsabilidad mediante un preacuerdo. La decisión corresponde a primera instancia y contra ella proceden los recursos establecidos por la ley.

La investigación fue desarrollada por una fiscal de la Unidad de Estafas de la Seccional Medellín y permitió establecer que las conductas se extendieron entre enero de 2019 y noviembre de 2024. Durante ese periodo, Agudelo Arango se presentó ante potenciales inversionistas como empresaria y promovió negocios a través de dos compañías.

Para respaldar las propuestas que realizaba, la mujer afirmaba contar con contratos comerciales con reconocidas empresas multinacionales. A partir de esas supuestas relaciones comerciales, ofrecía a los interesados rendimientos que podían oscilar entre el 7 % y el 45 % del dinero entregado, dependiendo de cada operación.

Los plazos que planteaba para la devolución de los recursos también variaban. Según la investigación, comprometía el reintegro del capital en periodos de entre ocho y 60 días, condiciones que fueron presentadas a las personas que decidieron entregar sus recursos.

Los montos involucrados en las operaciones fueron diversos. Las víctimas entregaron sumas que iban desde un millón de pesos hasta 763 millones de pesos. Los pagos se realizaron tanto en efectivo como mediante transferencias bancarias a cuentas pertenecientes a otras dos personas.

Uno de los casos incluidos en la investigación tuvo una modalidad diferente, pues la procesada recibió un vehículo como parte de la inversión ofrecida. En otros episodios, los recursos fueron entregados bajo la expectativa de obtener los rendimientos y recuperar posteriormente el capital.

Sin embargo, cuando llegaban las fechas pactadas y los pagos no se materializaban, Agudelo Arango atribuía los retrasos a diferentes circunstancias. Entre las explicaciones entregadas a los inversionistas mencionaba supuestos bloqueos de cuentas bancarias o incumplimientos de clientes con los que aseguraba mantener relaciones comerciales.

Las pruebas recopiladas durante el proceso permitieron establecer que la actividad investigada produjo para la procesada un provecho económico ilícito superior a 3.914 millones de pesos. A esto se sumó el registro de movimientos financieros que superaron los 11.520 millones de pesos durante el periodo objeto de investigación.

Con base en los elementos recaudados, la Fiscalía llevó el caso ante la justicia y atribuyó a Agudelo Arango los delitos de estafa agravada en modalidad de masa y enriquecimiento ilícito de particulares. La aceptación de responsabilidad mediante preacuerdo permitió avanzar hacia la sentencia.

La investigación permitió reconstruir el mecanismo mediante el cual fueron captados los recursos de las personas afectadas. Las propuestas estaban relacionadas con supuestas oportunidades de inversión en productos, principalmente bolsas ecológicas, y se apoyaban en la promesa de obtener ganancias en periodos relativamente cortos.

Los valores entregados muestran diferencias significativas entre los casos. Mientras algunas personas aportaron un millón de pesos, otras realizaron inversiones por cientos de millones, hasta alcanzar montos individuales de 763 millones de pesos.

La sentencia establece una pena de 10 años y tres meses de prisión para Agudelo Arango por los delitos por los que fue declarada responsable. El fallo fue emitido en primera instancia, por lo que las partes cuentan con los recursos de ley para controvertir la decisión ante las autoridades judiciales correspondientes.

El proceso judicial puso en evidencia operaciones que, de acuerdo con las pruebas recaudadas, involucraron a aproximadamente 30 personas en dos ciudades del país. Los recursos fueron captados mediante propuestas de inversión que incluían rendimientos de hasta 45 % y plazos de devolución de entre ocho y 60 días.