Miguel Quintero seguirá en audiencia: juez definirá medida de aseguramiento el próximo 22 de septiembre

La decisión sobre la situación jurídica de Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quedó aplazada hasta el próximo lunes 22 de septiembre, luego de que este miércoles avanzara la audiencia de imputación de cargos por las presuntas irregularidades relacionadas con seis contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Durante la diligencia, Quintero, Álvaro Villada, exsubdirector administrativo del Área Metropolitana; Vanesa Álvarez Restrepo, contratista de la misma entidad, y Sebastián Ortega no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

La audiencia se retomó este miércoles a las 2:00 de la tarde. Sin embargo, antes de avanzar con la solicitud de medida de aseguramiento, el juez de control de garantías determinó que durante la jornada se escucharían los argumentos de la Fiscalía y de los abogados defensores, mientras que la definición sobre las medidas solicitadas quedaría para una nueva sesión.

De esta manera, será el lunes 22 de septiembre cuando se conozca la determinación del juez frente a la solicitud de medida de aseguramiento contra Miguel Quintero y Sebastián Ortega, en el marco del proceso que investiga un presunto esquema de direccionamiento contractual en el Área Metropolitana.

El caso está relacionado con seis contratos que, de acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía durante las audiencias, habrían sido direccionados para favorecer al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, cuyo gerente y representante legal era Misael Alberto Cadavid Jaramillo.

Según la investigación, Miguel Quintero habría tenido participación en el supuesto direccionamiento de los contratos, mientras que otros de los procesados habrían intervenido desde sus respectivas posiciones dentro o alrededor de la estructura administrativa del Área Metropolitana.

La Fiscalía sostiene que los contratos habrían sido orientados en beneficio del organismo de bomberos y que, como contraprestación, se habría acordado la entrega de un porcentaje de los recursos involucrados. Dentro de la hipótesis presentada por el ente investigador se habla de una comisión equivalente al 15%.

El direccionamiento contractual que investiga la Fiscalía habría generado un presunto detrimento patrimonial superior a los $2.481 millones. Esta cifra corresponde, según los elementos expuestos durante la investigación, a los recursos que presuntamente habrían sido objeto de apropiación.

Uno de los elementos que ha llamado la atención dentro del proceso son las comunicaciones que, según la Fiscalía, permitirían establecer la existencia de conversaciones entre algunos de los involucrados alrededor de los contratos investigados. El ente acusador ha utilizado estos elementos para sustentar su hipótesis sobre la manera en que se habría coordinado el proceso contractual.

En el expediente también aparecen referencias a un grupo de WhatsApp que habría sido utilizado por algunos de los investigados. La Fiscalía considera que las conversaciones allí encontradas hacen parte de los elementos materiales probatorios con los que busca sustentar la existencia del presunto esquema.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá fue reconocida dentro del proceso como víctima y cuenta con representación jurídica en las audiencias. La entidad participa en el proceso debido al presunto perjuicio económico que habría ocasionado el manejo de los recursos públicos objeto de investigación.

La audiencia de este miércoles permitió además que las partes expusieran sus primeras posiciones frente a la eventual restricción de la libertad de los procesados. La Fiscalía deberá sustentar ante el juez las razones por las cuales considera necesaria una medida de aseguramiento, mientras que las defensas tendrán la posibilidad de controvertir cada uno de esos argumentos.