Miguel Quintero no aceptó cargos y Fiscalía solicitará medida de aseguramiento en prisión por presunto direccionamiento de contratos

La audiencia de imputación de cargos contra cuatro personas vinculadas a una investigación por presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá tuvo un nuevo capítulo, luego de que ninguno de los procesados aceptara los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación.

Entre los investigados se encuentra Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, además de Álvaro Villada, quien se desempeñó como exsubdirector administrativo del Área Metropolitana; Vanesa Álvarez Restrepo, contratista de la misma entidad; y Sebastián Ortega. Los cuatro fueron señalados dentro del proceso, pero no se allanaron a los cargos durante la diligencia judicial.

De acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía, el caso estaría relacionado con el presunto direccionamiento de seis contratos que habrían terminado beneficiando al gerente y representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, Misael Alberto Cadavid Jaramillo.

En el caso de Miguel Quintero, el ente acusador sostiene que este habría tenido un papel determinante en la operación investigada. Según la Fiscalía, presuntamente habría ordenado a Palacio Cardona y a Álvaro Villada García direccionar los contratos para favorecer a Cadavid Jaramillo. A cambio de este supuesto favorecimiento, se habría pactado el 15 % de los recursos entregados.

La Fiscalía señaló que las actuaciones investigadas habrían generado un detrimento patrimonial que supera los 2.481 millones de pesos. Esta cifra, según el ente investigador, corresponde a las evidencias recopiladas durante el proceso y hace parte de los elementos con los que se sustenta la imputación.

Uno de los aspectos centrales de la audiencia está relacionado con la solicitud de medida de aseguramiento. La fiscal encargada del caso anunció que solicitará que Miguel Quintero sea enviado a un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. La petición deberá ser sustentada ante el juez, quien tendrá que analizar los argumentos de la Fiscalía y los planteamientos de la defensa antes de adoptar una decisión.

En paralelo, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá fue reconocida dentro de la actuación judicial como víctima. El abogado que representa a la entidad intervino durante la audiencia y solicitó que esa misma condición sea reconocida también respecto de Sebastián Ortega, de acuerdo con lo expuesto durante la diligencia.

La audiencia tuvo además una interrupción que modificó el desarrollo de la jornada. Debido a una falla de comunicación, Sebastián Ortega y su abogado salieron de la diligencia judicial. Esta situación impidió que en ese momento se desarrollara de manera completa la exposición de los argumentos relacionados con la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía.

Por esta razón, la presentación de la solicitud y de los elementos con los que el ente acusador pretende justificar la medida contra Miguel Quintero quedó programada para este miércoles a las 2:00 de la tarde.

El proceso continúa ahora en una etapa en la que el juez deberá valorar los argumentos presentados por la Fiscalía, las intervenciones de las víctimas y las posiciones de las defensas. La no aceptación de los cargos por parte de los cuatro procesados implica que el caso seguirá su curso judicial y que las acusaciones deberán ser debatidas dentro de las actuaciones correspondientes.