Luis Felipe Henao denunció a Gloria Arizabaleta ante la Corte Suprema por presunto prevaricato tras auto contra Gustavo Petro

Un nuevo capítulo se suma a la controversia generada por el auto radicado en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes que plantea la suspensión del presidente Gustavo Petro por una presunta participación en política durante el actual proceso electoral.

El exministro de Vivienda Luis Felipe Henao decidió llevar el caso a la justicia penal y presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, integrante de la Comisión de Investigación y Acusación, por el presunto delito de prevaricato por acción.

La acción judicial surge luego de que la congresista radicara una providencia en la que propone la suspensión temporal del jefe de Estado mientras se adelantan actuaciones relacionadas con las denuncias sobre una eventual intervención en política. La iniciativa generó inmediatas reacciones en distintos sectores políticos y jurídicos, debido a los cuestionamientos sobre las competencias de la Comisión y el alcance de la medida planteada.

En el documento radicado ante la Corte Suprema, Henao solicita que se practiquen diferentes actuaciones para esclarecer la elaboración y el trámite de la decisión. Entre las peticiones incluidas figura la realización de una entrevista o versión libre a Gloria Arizabaleta, así como a los funcionarios que participaron en la sustanciación, estudio y trámite del auto objeto de controversia.

La denuncia sostiene que la providencia presenta serias deficiencias jurídicas y no cumple con los requisitos mínimos de motivación exigidos por la ley para adoptar una medida de esa naturaleza.

Según el texto presentado por el exministro, “la providencia cuestionada no cita una sola prueba ni expone esos serios elementos de juicio, ni acredita de manera directa que la permanencia del Presidente en el cargo posibilite interferir la investigación, continuar o reiterar la falta”.

El documento también cuestiona el razonamiento utilizado para justificar una eventual suspensión del mandatario, argumentando que la conducta que se le atribuye no depende necesariamente del ejercicio de sus funciones presidenciales.

“La providencia cuestionada no cita una sola prueba ni expone esos serios elementos de juicio, ni acredita de manera directa que la permanencia del Presidente en el cargo posibilite interferir la investigación, continuar o reiterar la falta —máxime cuando la conducta que se le imputa, su presunta intervención en la segunda vuelta, no depende de que ejerza o no el cargo—”, señala el escrito.

Para Henao, la ausencia de elementos probatorios y de una justificación suficiente convertiría la decisión en una actuación arbitraria. En la denuncia sostiene que “aun bajo su propio fundamento, la medida carece del presupuesto sustancial y de la motivación que la ley exige, lo que la torna abiertamente arbitraria”.

El caso ha despertado un intenso debate entre sectores políticos y expertos en derecho constitucional sobre las facultades de la Comisión de Investigación y Acusación frente al Presidente de la República y sobre los procedimientos que deben seguirse en eventuales investigaciones contra el jefe de Estado.

Mientras algunos sectores consideran que la actuación de Arizabaleta constituye una iniciativa legítima dentro de sus funciones como representante investigadora, otros cuestionan la viabilidad jurídica de una medida de suspensión planteada desde esa instancia.

Por ahora, la Corte Suprema de Justicia deberá evaluar la denuncia presentada por el exministro y determinar si existen méritos para avanzar en las diligencias solicitadas. Entretanto, la controversia sigue alimentando el debate político y jurídico en medio de un ambiente marcado por la polarización y la cercanía de la segunda vuelta presidencial.