Laura Sarabia no aceptó cargos por el caso del polígrafo a Marelbys Meza

La situación judicial de Laura Sarabia volvió este lunes 14 de septiembre al centro de la discusión nacional, luego de que la Fiscalía General de la Nación iniciara la audiencia de imputación en su contra por las actuaciones relacionadas con el polígrafo practicado a Marelbys Meza, quien para entonces trabajaba como niñera de la hoy exfuncionaria.

Durante la diligencia, Sarabia no aceptó los cargos formulados por el ente investigador y se declaró inocente frente a los tres delitos que le fueron imputados: abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso.

El proceso está relacionado con una serie de acontecimientos ocurridos en enero de 2023, después de la pérdida de un maletín que contenía dinero en efectivo y que estaba vinculado al entorno de Sarabia. Lo que inicialmente se presentó como la desaparición de un elemento con dinero terminó desencadenando una serie de actuaciones que posteriormente generaron una fuerte controversia política y judicial.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos expuesta por la Fiscalía, el episodio se remonta al 27 de enero de 2023, cuando Sarabia se desplazó hasta el aeropuerto El Dorado, específicamente a Catam, en Bogotá, para tomar un vuelo hacia Cali, donde tenía previsto cumplir actividades relacionadas con sus funciones como jefa de Despacho de la Presidencia.

Antes de abordar la aeronave, la entonces funcionaria llevaba consigo un maletín que contenía diferentes objetos personales. Entre los elementos transportados se encontraba una bolsa con dinero en efectivo y documentos.

Posteriormente, según el relato presentado por el ente acusador, el equipaje fue entregado a la jefa de seguridad de Sarabia con la instrucción de trasladarlo hasta el apartamento de la funcionaria. A partir de ese momento comenzó una cadena de actuaciones orientadas a establecer qué había ocurrido con el dinero y quiénes podían tener información sobre su desaparición.

En medio de esas indagaciones apareció el nombre de Marelbys Meza, quien terminó siendo trasladada para la práctica de una prueba de polígrafo. El procedimiento posteriormente se convirtió en uno de los principales puntos de controversia del caso, debido a las circunstancias en las que se realizó y a las funciones que desempeñaban las personas vinculadas con las actuaciones.

La Fiscalía sostiene que en el desarrollo de estos hechos pudo haberse presentado una “extralimitación de las funciones” por parte de Sarabia, teniendo en cuenta su condición de servidora pública y el contexto en el que se produjeron las actuaciones posteriores a la pérdida del dinero.

Precisamente, esa hipótesis sustenta la imputación de los tres delitos que ahora enfrenta la exfuncionaria. Sin embargo, la formulación de cargos no implica una condena y será durante el desarrollo del proceso judicial que deberán establecerse las responsabilidades individuales y la solidez de los elementos presentados por la Fiscalía.

El caso adquirió una dimensión política debido al papel que Sarabia ocupaba dentro del Gobierno de Gustavo Petro. Para entonces, era una de las funcionarias más cercanas al mandatario y tenía una posición de alta relevancia dentro de la estructura de la Presidencia de la República.

La controversia también se amplió por las denuncias relacionadas con las actuaciones de organismos de seguridad y por las circunstancias que rodearon el interrogatorio con polígrafo realizado a Meza. El episodio pasó rápidamente de ser una investigación interna por la pérdida de dinero a convertirse en un caso con repercusiones políticas, judiciales y públicas.

Tres años después de los hechos, la Fiscalía llevó el expediente a una nueva etapa con la audiencia de imputación contra Sarabia. La diligencia permite al ente investigador exponer formalmente ante un juez los hechos que atribuye a la exfuncionaria y los fundamentos jurídicos con los que considera que se configuraron las conductas investigadas.

Por su parte, Sarabia mantiene su posición de inocencia y rechazó los cargos formulados en su contra. El proceso continuará su curso en la jurisdicción penal, donde deberán evaluarse las pruebas y argumentos de las partes para determinar si existe responsabilidad por los hechos relacionados con el procedimiento aplicado a Marelbys Meza.