Juliana Guerrero reconoció que presentó documentos falsos para aspirar al cargo de viceministra

La aceptación quedó consignada en un preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación, dentro del proceso judicial que se adelanta en su contra. Como parte del acuerdo, Guerrero admitió la comisión del delito de fraude procesal y se encamina hacia una condena de tres años de prisión, de acuerdo con lo expuesto durante la audiencia.

El caso está relacionado con títulos que habrían sido expedidos de manera irregular por la Fundación Universitaria San José y que fueron incorporados en la documentación utilizada por Guerrero para acreditar su trayectoria académica.

Durante la diligencia judicial, Guerrero reconoció expresamente haber incurrido en fraude procesal al actualizar la información correspondiente a su hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP II, y presentar posteriormente los documentos ante el Ministerio de la Igualdad.

“Admitir que realicé fraude procesal en la medida de actualizar mi hoja de vida en el SIGEP II y presentar los documentos al Ministerio de la Igualdad para quedar con la posibilidad de aspirar al cargo de viceministra de Juventudes”, manifestó Guerrero durante la audiencia.

La declaración constituye el reconocimiento de responsabilidad por parte de la procesada dentro del acuerdo alcanzado con el ente acusador. El procedimiento busca poner fin al proceso penal mediante la aceptación de los cargos y las condiciones establecidas entre la Fiscalía y la defensa.

El episodio se remonta a la controversia generada alrededor de la documentación académica presentada por Guerrero. Los títulos relacionados con la Fundación Universitaria San José fueron objeto de cuestionamientos y posteriormente quedaron vinculados a la investigación adelantada por las autoridades judiciales.

La información presentada ante el Estado tenía como propósito acreditar los requisitos académicos dentro del proceso relacionado con su aspiración a ocupar un cargo en el Ministerio de la Igualdad. En particular, la documentación fue incorporada a su hoja de vida oficial mediante el SIGEP II.

El preacuerdo contempla una pena de tres años de prisión, que deberá ser formalizada por la autoridad judicial correspondiente en el desarrollo de la audiencia de sentencia. La aceptación de responsabilidad hace parte de las condiciones acordadas con la Fiscalía.

El proceso también pone nuevamente en discusión los mecanismos de verificación de la información académica suministrada por quienes aspiran a ocupar cargos dentro de la administración pública. En este caso, la documentación cuestionada estaba relacionada con la formación que Guerrero reportó oficialmente.

Durante la audiencia, la propia procesada explicó la conducta que aceptó y señaló específicamente el procedimiento mediante el cual incorporó la información en el sistema oficial y la presentó ante el Ministerio de la Igualdad.

La Fiscalía, por su parte, llevó adelante la investigación que derivó en el preacuerdo y en la aceptación de responsabilidad. El acuerdo deberá surtir las etapas judiciales correspondientes antes de que se materialice la condena.

La controversia tuvo además una dimensión política debido a que los hechos estuvieron relacionados con su aspiración a convertirse en viceministra de Juventudes durante la administración de Gustavo Petro. Sin embargo, la actuación que ahora reconoce ante la justicia corresponde específicamente a la presentación y actualización de información académica cuestionada.

El proceso continuará con la formalización de la decisión judicial y la aplicación de las condiciones establecidas en el preacuerdo con la Fiscalía.