Juez envía a prisión a seis integrantes de un presunto clan familiar dedicado a la minería ilegal en el río Nechí

De acuerdo con la información expuesta por el ente acusador, la organización empleaba maquinaria pesada, cuatro dragas de tipo brasileño y mercurio para separar el metal. La investigación, adelantada con interceptaciones telefónicas, seguimientos y labores de policía judicial, atribuyó a cada procesado una función específica dentro de la estructura.

Alexander Villalba Martínez sería el cabecilla y principal articulador de la red, mientras que José Alfredo Villalba Martínez se habría encargado de operar las dragas. María Isabel Villalba Martínez y Luz Yesenia Santos Romero, según la Fiscalía, cumplían tareas administrativas, financieras y logísticas, y Andrea Catalina Castañeda Correa decidía el uso y destino de las máquinas.

El expediente señaló además a Jhon Hever Soto Flórez como presunto administrador de una mina a cielo abierto en el sector jardín de Tamaná, a Angie Paola Agudelo como secretaria de la organización, y a Maicol Álvarez Caicedo como el encargado de comprar y comercializar el oro extraído ilegalmente.

Las capturas se realizaron en Caucasia y El Bagre, en tres operativos ejecutados por unidades de la Policía Nacional. Durante los procedimientos, las autoridades incautaron 508 millones de pesos en efectivo, 695 gramos de oro, avaluados por la Fiscalía en más de 284 millones de pesos, 152,54 gramos de platino, cinco teléfonos celulares y documentos que serán sometidos a análisis. Además, fueron inutilizadas tres excavadoras cuyo valor se estimó en 1.200 millones de pesos.

El presidente Abelardo De La Espriella divulgó el resultado en su cuenta de X, en la que presentó la operación como un golpe contra la estructura denominada "Deep Gold" y aseguró que los ríos y recursos naturales del país "no son el botín de los delincuentes".

Se conoció además que la fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a los ocho procesados los delitos de concierto para delinquir agravado, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales; contaminación ambiental por explotación ilícita de yacimiento minero; daño a los recursos naturales y ecocidio, y lavado de activos. Ninguna información conocida indica que alguno de ellos haya aceptado los cargos.

La imputación es el acto mediante el cual la Fiscalía comunica formalmente a una persona que es investigada por unos delitos concretos; no equivale a una condena. Tras escuchar los argumentos, un juez promiscuo municipal de El Bagre, con función de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a seis de los procesados. Castañeda Correa y María Isabel Villalba Martínez cumplirán la medida en sus lugares de residencia. Estas decisiones son preventivas y buscan asegurar la comparecencia de los investigados mientras avanza el proceso; todos conservan la presunción de inocencia.

Sobre las afectaciones ambientales, además, el ente investigador compartió un análisis donde se documentó la pérdida de cobertura vegetal, erosión, formación de depósitos artificiales de agua y transporte de sedimentos hacia el río Cauca, así como el uso de mercurio, sustancia altamente tóxica para los ecosistemas y la salud humana.

Vale recordar que el Bajo Cauca antioqueño es una de las zonas más afectadas por la extracción ilícita de oro en Colombia, actividad que las autoridades han identificado como fuente de financiación de grupos armados ilegales. La Fiscalía no ha informado, hasta el momento, si la red investigada tenía vínculos con alguna de esas organizaciones.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Quiénes son los implicados en este caso de minería ilegal?

Se trata de ocho personas capturadas en el Bajo Cauca antioqueño, presuntamente integrantes de un clan familiar liderado por Alexander Villalba Martínez, dedicado a la extracción ilícita de oro.

¿Qué delitos les imputó la Fiscalía y cuál fue la decisión del juez?

Se les imputaron delitos como concierto para delinquir agravado, ecocidio y lavado de activos; un juez ordenó prisión para seis de los capturados y detención domiciliaria para dos mujeres.

¿Qué impacto ambiental y económico tuvo la operación de esta red?

La organización causó daños por el uso de mercurio y erosión en el río Nechí, y durante las capturas se incautaron más de 500 millones de pesos en efectivo y oro avaluado en 284 millones.