Juez de Puerto Asís frena por seis meses el cierre de la zona de excombatientes de los Comandos de la Frontera en Putumayo

Qué es una tutela y qué protegió el juez

La acción de tutela es el mecanismo previsto en la Constitución para que cualquier persona pida a un juez la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando considera que una autoridad los vulnera o los amenaza. En este caso, los demandantes acudieron a esa vía tras conocer que la Presidencia había ordenado el cierre de la zona, que inicialmente debía terminar el 30 de septiembre y que luego el Ejecutivo extendió hasta el 3 de diciembre.

Antes de pronunciarse de fondo, el mismo juzgado ya había suspendido el cierre como medida provisional. En la sentencia, el juez amparó los derechos a la vida, la seguridad, la integridad física, la reincorporación y el tránsito a la vida civil, la personalidad jurídica, el debido proceso administrativo, la confianza legítima y la paz.

Las órdenes del fallo

El despacho suspendió por seis meses la terminación de la ZUT, plazo que se cuenta a partir de la notificación y que, según reportes de prensa, extendería su funcionamiento hasta abril de 2027. Durante ese periodo, la Presidencia y la Oficina del Consejero Comisionado de Paz deberán completar los trámites administrativos, documentales, migratorios, jurídicos, logísticos y de seguridad necesarios para un cierre ordenado, con participación de los excombatientes y de las entidades competentes.

A la Fiscalía General de la Nación le corresponderá definir la situación jurídica de las personas concentradas en la zona, incluidas las órdenes de captura vigentes. De acuerdo con Cambio, cinco de los 62 demandantes tienen órdenes de captura activas.

Las razones del juez

La Presidencia defendió ante el juzgado su competencia para dar por terminada la mesa con esa disidencia y aseguró que contaba con un plan coordinado para desmontar la zona. El juez reconoció la existencia de ese plan, pero concluyó que aún requería concreción, articulación entre instituciones y socialización con los excombatientes.

Según lo reseñado en el fallo, entidades como la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Fiscalía, la Registraduría, Migración Colombia, la Cancillería, el Ministerio de Defensa, la Policía y la Unidad Nacional de Protección (UNP) manifestaron no haber participado en el diseño del plan de cierre. La ARN advirtió, además, que una salida anticipada podía elevar el riesgo de reincidencia y afectar la credibilidad del Estado en futuros procesos de desmovilización.

Las alertas de la Defensoría

La Defensoría del Pueblo, que pidió intervenir en apoyo de la tutela, visitó la zona el 18 de septiembre y documentó fallas en la atención en salud y en las medidas de protección. De acuerdo con su informe, 23 personas aseguraron haber recibido amenazas concretas y 11 dijeron temer represalias; 43 afirmaron no tener un lugar seguro al cual llegar ni ingresos o red de apoyo.

La entidad precisó que, de las 99 personas que dejaron las armas el 18 de junio, 86 son hombres y 13 mujeres, 53 tienen entre 18 y 28 años y 50 se reconocen como parte de un pueblo indígena.

Lo que sigue

El acuerdo firmado en diciembre de 2025 entre el Gobierno de Gustavo Petro y la CNEB contemplaba dos zonas piloto: la de Valle del Guamuez, cerca de la frontera con Ecuador, y otra en Roberto Payán, Nariño. La decisión de primera instancia puede ser impugnada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ante el superior jerárquico; sin embargo, mientras siga vigente, la administración está obligada a cumplirla. Hasta el cierre de esta edición no se conocía un pronunciamiento oficial de la Presidencia sobre el fallo.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué ordenó un juez en Puerto Asís respecto a la zona de excombatientes?

Un juez de Puerto Asís ordenó frenar por seis meses el cierre de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) de Valle del Guamuez, donde permanecen 99 exintegrantes de los Comandos de la Frontera.

¿Por qué el juez tomó esta decisión?

El juez amparó derechos fundamentales como la vida, la seguridad y la reincorporación, al considerar que el plan de cierre de la Presidencia requería mayor concreción y articulación entre las instituciones.

¿Qué deben hacer las entidades del Estado durante este periodo?

La Presidencia y la Oficina del Comisionado de Paz deberán completar los trámites administrativos, logísticos y de seguridad necesarios para un cierre ordenado, con participación de los excombatientes y las entidades competentes.