Irregularidades en fotomultas: 40.000 comparendos bajo revisión y un llamado a la transparencia

Una exhaustiva revisión preliminar de los sistemas de fotodetección en Colombia ha revelado posibles irregularidades en la imposición de aproximadamente 40.000 órdenes de comparendo. Estos hallazgos, presentados por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, sugieren que un número significativo de dispositivos de fotomultas operaron sin el registro oficial de inicio de sus actividades, lo que pone en entredicho la legalidad de las sanciones impuestas. La situación ha generado un llamado urgente a la transparencia y a la rectificación de los procesos para garantizar que la seguridad vial no se convierta en un pretexto para fines económicos.

La auditoría nacional y los primeros resultados

La iniciativa para auditar los sistemas de fotodetección surgió de una directriz presidencial clara: las fotomultas deben ser una herramienta para salvar vidas, no un mecanismo para generar negocios a expensas de los ciudadanos. Bajo esta premisa, se ordenó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) llevar a cabo una revisión exhaustiva a nivel nacional. Los primeros resultados de esta inspección ya han comenzado a arrojar luz sobre las deficiencias y posibles anomalías en la operación de estos dispositivos.

Uno de los casos más destacados se presentó en Cartago, Valle del Cauca, donde la entrada en operación de un sistema de fotodetección fue denegada. La razón principal de esta negativa fue el incumplimiento de los requisitos técnicos esenciales, lo que impidió su puesta en marcha y evitó la imposición de comparendos bajo un esquema deficiente. Este incidente subraya la importancia de una verificación rigurosa antes de la autorización de cualquier sistema de este tipo.

40.000 comparendos en entredicho

El hallazgo más preocupante de la revisión preliminar es la identificación de aproximadamente 40.000 órdenes de comparendo que podrían haber sido impuestas de manera irregular. La irregularidad radica en que los dispositivos que generaron estas sanciones, aunque autorizados, no contaban con un registro oficial del inicio de su operación. Esta situación plantea serias dudas sobre la validez jurídica de dichas multas y la necesidad de una pronta acción para subsanar cualquier injusticia cometida.

Actualmente, la cifra de comparendos potencialmente irregulares está siendo validada con el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT). Este proceso de verificación es crucial para determinar el alcance exacto de las irregularidades y para que las autoridades competentes puedan adoptar las decisiones jurídicas correspondientes, que podrían incluir la anulación de las multas o la implementación de mecanismos de compensación para los afectados.

Dispositivos bajo la lupa y cambios en la reglamentación

Además de los comparendos irregulares, la revisión también ha puesto en evidencia la situación de 12 dispositivos de fotodetección cuya autorización está en proceso de revocatoria. Esta medida se debe a cambios en la competencia de la autoridad de tránsito que los había habilitado, lo que implica que su operación actual carece de un sustento legal adecuado. La revocatoria de estas autorizaciones es un paso necesario para asegurar que solo los entes debidamente facultados puedan gestionar y operar estos sistemas.

Ante este panorama, el presidente De La Espriella ha instruido una revisión exhaustiva de todos los puntos habilitados para fotodetección en el territorio nacional. Paralelamente, se ha ordenado avanzar, en conjunto con el Ministerio de Transporte, en la formulación de una nueva reglamentación que fortalezca los controles y garantice la legalidad y la transparencia en la operación de estos sistemas. Esta nueva normativa buscará cerrar las brechas que han permitido las actuales irregularidades.

Control a vehículos con tecnología de imposición de comparendos

Un aspecto adicional que ha llamado la atención de las autoridades es el uso de vehículos equipados con dispositivos tecnológicos para imponer comparendos. El presidente ha manifestado su intención de “ponerle la lupa” a estos vehículos, especialmente aquellos que operan sin la presencia de agentes de tránsito y sin la debida autorización. Esta medida busca evitar la imposición arbitraria de multas y asegurar que todo proceso sancionatorio cuente con el respaldo legal y la supervisión humana necesaria.

La postura del gobierno es clara: la seguridad vial no puede ser utilizada como una excusa para “esquilmar” al ciudadano. Cualquier dispositivo de fotodetección que no cumpla estrictamente con la ley no podrá operar. Las autoridades han prometido actuar con contundencia donde se encuentren irregularidades, priorizando la protección de los derechos de los conductores y la integridad del sistema de tránsito. Este enfoque busca generar confianza en la ciudadanía y asegurar que las fotomultas cumplan su verdadero propósito preventivo y no recaudatorio.