Interceptación errónea alcanzó línea de Petro en investigación de la UNGRD

En el desarrollo de la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en la UNGRD, se produjo un episodio que quedó registrado en los informes internos del alto tribunal con respecto a la interceptación, por error, de una línea telefónica que estaba siendo utilizada por Petro.

La escucha fue detectada y cancelada de manera inmediata, sin que tuviera efectos dentro del proceso judicial. La investigación se concentra en congresistas que habrían integrado una red de apoyos políticos a cambio de contratos o recursos provenientes de la UNGRD, con el propósito de respaldar iniciativas del Gobierno en el Congreso.

En ese marco, la Corte Suprema autorizó interceptaciones a varios parlamentarios de la Comisión de Crédito Público, señalados de participar en ese esquema. Entre los escuchados figuran Liliana Esther Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Karen Astrid Manrique y el excongresista Juan Diego Muñoz.

De acuerdo con lo revelado por Semana, algunos de los investigados optaron por comunicarse mediante aplicaciones digitales con el fin de evitar dejar registros telefónicos. Las diligencias judiciales se apoyan, además, en los testimonios entregados por Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, quienes relataron cómo se habrían establecido contactos con congresistas para facilitar apoyos legislativos a proyectos impulsados por el Ejecutivo.

Durante esas labores de interceptación, los investigadores detectaron una situación no prevista. Dos líneas telefónicas que figuraban a nombre de Jaime Ramírez Cobo aparecieron en los registros como utilizadas por otras personas.

Según los informes conocidos, una de ellas era usada por Laura Sarabia, entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, y la otra por el presidente Gustavo Petro.

La bitácora del sistema de interceptaciones dejó constancia de un audio registrado el 31 de octubre de 2024, con una duración de seis minutos, en el que la persona que recibe la llamada se refiere a su interlocutor como “Señor Presidente”. Al día siguiente, el primero de noviembre, se informó al despacho del magistrado a cargo que el número intervenido era utilizado, al parecer, por el mandatario.

En los documentos internos se precisó que el contenido de la conversación no tenía relevancia para la investigación en curso. Una vez establecida la identidad del usuario de la línea, la Corte Suprema ordenó la cancelación inmediata de la interceptación y dejó constancia de que el material obtenido no podía ser valorado como prueba dentro del expediente.

El alto tribunal también reiteró en sus oficios que las comunicaciones entre los investigados y sus abogados no son susceptibles de valoración judicial. A diferencia de otros antecedentes conocidos, la actuación frente a la línea usada por el presidente se limitó a su suspensión inmediata, sin incorporar los registros al proceso.

El hallazgo se dio de manera colateral en una investigación que continúa centrada en el presunto direccionamiento de recursos y contratos desde la UNGRD para influir en decisiones del Congreso, un caso que sigue bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia.