Imputaron a coronel del Ejército por presuntos vínculos con el ELN y una estructura de la Segunda Marquetalia

Según el ente investigador, el coronel del Ejército Nacional Carlos Didier Pérez Amorocho habría recibido pagos desde 2020 para favorecer el movimiento de integrantes del ELN y estructuras de las disidencias de las Farc para suministrar información reservada relacionada con operaciones militares.

La Fiscalía indicó que los hechos por los cuales fue procesado se remontan, cuando Pérez Amorocho ejercía como comandante de un batallón con jurisdicción en el corregimiento de Puerto Jordán, en el municipio de Arauquita, Arauca y señaló que durante ese periodo el oficial habría recibido un primer pago de $15.000.000 millones de pesos a cambio de reducir las acciones militares contra integrantes del Frente de Guerra Oriental del ELN.

Los elementos materiales probatorios recopilados por el organismo hacen parte de la investigación sobre los presuntos acuerdos establecidos entre el uniformado y miembros de la organización armada.

El proceso investigativo incluye hechos posteriores relacionados con las funciones que el coronel desempeñó en el suroccidente del país. En julio de 2025, Pérez Amorocho asumió el mando de una unidad élite con presencia en varios municipios del departamento de Nariño, entre ellos Francisco Pizarro, Olaya Herrera, Roberto Payán y San Andrés de Tumaco, además de algunas zonas de Cauca y Valle del Cauca.

De acuerdo con la Fiscalía, entre enero y mayo de 2026 el oficial habría establecido vínculos con integrantes del Bloque Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia. El ente acusador sostiene que, en ese periodo, presuntamente se acordaron pagos semanales de hasta 30 millones de pesos a cambio de entregar información sobre los desplazamientos y movimientos de las unidades de la Fuerza Pública.

Según la hipótesis investigativa, esa información habría permitido facilitar el transporte de estupefacientes, armas, municiones y dinero por parte de integrantes de la estructura armada.

La Fiscalía indicó que los elementos materiales probatorios obtenidos durante la investigación apuntan a que el oficial habría utilizado información relacionada con las operaciones militares para advertir a integrantes del grupo ilegal sobre los movimientos de las tropas.

Dentro de los hechos investigados también aparece una operación desarrollada en Nariño en abril de 2026. Según la Fiscalía, el coronel habría impedido o retrasado el avance de las tropas hacia un punto específico donde se desarrollaría una intervención contra integrantes de una estructura armada.

De acuerdo con el ente investigador, esta actuación habría permitido que algunos de los cabecillas abandonaran el lugar en lanchas rápidas antes de la llegada de las unidades militares.

Cuando los uniformados ingresaron posteriormente al sitio, no encontraron las caletas de estupefacientes y armamento sobre las cuales tenían información previa. La Fiscalía sostiene que los integrantes de la organización alcanzaron a retirar estos elementos antes de la intervención.

El organismo también indicó que parte de los narcóticos encontrados durante la operación habría sido arrojada al río, presuntamente por instrucción del propio oficial, con el propósito de que posteriormente pudiera ser recuperada por integrantes de la estructura ilegal.

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación, UEI, imputó a Carlos Didier Pérez Amorocho los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

La Fiscalía explicó que la imputación está relacionada con las conductas que atribuye al oficial y con los presuntos acuerdos establecidos con integrantes de organizaciones armadas ilegales.

Durante la diligencia judicial, el coronel no aceptó los cargos formulados por el ente acusador. Por lo tanto, las afirmaciones expuestas por la Fiscalía corresponden a la hipótesis investigativa y deberán ser sometidas al correspondiente proceso judicial.

La investigación busca establecer las circunstancias de los presuntos vínculos entre el uniformado y las estructuras armadas mencionadas, así como determinar el alcance de la información que habría sido entregada y los pagos que, según el ente investigador, habría recibido.

Los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía incluyen información relacionada con los supuestos pagos, las operaciones militares desarrolladas en Arauca y Nariño y las actuaciones atribuidas al oficial durante los procedimientos contra las estructuras armadas.

El proceso también contempla la presunta utilización de información reservada para facilitar movimientos de integrantes de grupos ilegales y el traslado de sustancias y material de uso militar.